ONG’s exigen no ceder ante presiones en lucha contra cambio climático
El 10 de diciembre, las Comisiones Unidas de Energía y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobaron el Dictamen de Iniciativa de Ley de Transición Energética, la cual obedece al mandato constitucional establecido en materia de regulación y obligaciones en cuanto a energía limpia, así como de reducción de contaminantes en el sector eléctrico.
La Ley tiene como meta generar el 35% de energías limpias para el año 2024 (estipulada por la Ley General de Cambio Climático), y excluir las fuentes de energía fósil de los beneficios que este escenario legal proporciona a las energías limpias.
De cumplir la meta del 35%, lograrían reducirse aproximadamente 40 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCo2e), lo que representa un componente fundamental para que México alcance el objetivo de reducir 288 MtCo2e para el 2020, de manera que dé cumplimiento a los acuerdos internacionales pactados en materia de mitigación, y acate el mandato fijado de disminuir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero establecido en la Ley General de Cambio Climático.
A pesar de esto, el sector empresarial, el cual es encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), ha ejercido una presión constante para modificar el dictamen de la Ley de Transición, que ya ha sido validado por las Comisiones Unidas de Energía y Cambio Climático. Los empresarios han manifestado abierta y públicamente no estar de acuerdo en que México asuma sus compromisos de reducción de emisiones para atender las contrariedades generadas a causa del cambio climático. Asimismo, han declarado explícitamente el interés que poseen en utilizar fuentes fósiles como el gas (incluido gas shale), para alimentar, en su mayoría, a la matriz eléctrica. Si toda la producción de energía eléctrica se hiciera únicamente con gas, los niveles de emisión de gases de efecto invernadero sólo podrían reducirse 15 MtCo2e para 2020. Además del riesgo que generan tecnologías como el fracking (usada para explotar gas de esquisto) para impactar negativamente el medio ambiente y la salud pública.
El Gobierno de México, que participó en la COP20 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, reafirmó en Lima el compromiso que tiene el país para combatir el cambio climático, incluyendo su interés de avanzar con paso firme en los esfuerzos nacionales requeridos para lograrlo. Si cediera ante las presiones por modificar el Dictamen de la Ley de Transición Energética, conducidas por el CCE y la CONCAMIN, el panorama se tornaría grave y contradictorio en este rubro, pues destruiría los esfuerzos de la nación (dígase instituciones, ONGs y la sociedad cicvil en general) por hacer frente a las causas del calentamiento global.