Boletín de prensa

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) organizaron el foro “Los combustibles limpios y su relación con los derechos humanos”. Ahí el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza Longoria, dijo que temas como el agua, la calidad del aire y el suelo de conservación, están presentes de manera significativa en la agenda de los derechos humanos. Nuestra relación con la naturaleza tiene que cambiar, urgió y señaló que en la medida en que el desarrollo de la humanidad generó condiciones críticas de la calidad del aire, el modelo de las megalópolis debe evitar responder tardíamente. Entender la administración ambiental y que los recursos de la naturaleza son finitos, agregó, ha llevado a una evolución del concepto mismo de derechos humanos: “Significa aceptar que no sólo la vida misma va en función de las condiciones del desarrollo y de la vivencia de los derechos”.

En la inauguración del Foro dijo que la ciudad de México pierde cada año el equivalente a 500 canchas de fútbol del suelo de conservación, auspiciada por el clientelismo electoral de los partidos políticos en Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón: “Estamos reduciendo el tamaño del tinaco para la captación de agua para la ciudad”.

Pidió a  los particulares contribuir a la reducción de contaminantes con combustibles limpios, por ejemplo en sus automotores utilizando gasolina Premium. Reconoció acciones como las líneas del Metrobús que el Gobierno capitalino ha puesto en marcha y donde se requiere mayor colaboración del Gobierno federal para el desarrollo de corredores libres de emisiones. También dijo que en la ciudad de México se han aplicado políticas públicas que han ayudado a transformar, a controlar y a procesar el significado del problema, como el cambio de combustibles y el desarrollo de un sistema de punta para monitorear la calidad del aire. No obstante, lamentó Álvarez Icaza Longoria, continúan los problemas con los niveles de ozono y las partículas suspendidas: “El dilema es qué nueva generación de medidas tomamos para tutelar el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud y otros derechos”.

Por su parte, el Presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Gustavo Alanís Ortega, alertó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que en México mueren al menos 19 personas por día debido a causas agravadas por la contaminación ambiental. Señaló que pese a que desde hace 20 años se han implementado medidas para mejorar la calidad del aire en la ciudad, no se ha llegado a niveles óptimos, ya que aún se presentan diversos días al año con niveles altos de contaminación. Apuntó que para que todas y todos los mexicanos respiren un aire de mejor calidad, se necesitan combustibles con bajo contenido de azufre, pues este compuesto genera la emisión a la atmósfera de partículas suspendidas, uno de los contaminantes más nocivos y agresivos para la salud de las personas. “Las partículas suspendidas son tan pequeñas que no existen barreras físicas en nuestro cuerpo que las detengan, alojándose en el corazón y pulmones, lo que provoca enfermedades cardiovasculares y pulmonares”, explicó. En este contexto, llamó al Gobierno federal a cumplir con la Norma Oficial Mexicana 086, la cual tiene como objetivo establecer las especificaciones sobre protección ambiental de los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se comercializan en el país, a fin de proteger la salud de las personas.

Continuar leyendo »

Boletín de prensa

• Profepa determinará si procede denuncia ante el Ministerio Público por actos, omisiones o hechos que impliquen la comisión de un delito contra el medio ambiente.
• Inician organizaciones campaña México Haz Algo para demandar al gobierno garantizar su derecho a un medio ambiente sano.
• La sociedad civil ha enviado más de 500 cartas al presidente Felipe Calderón a través del sitio www.mexicohazalgo.org, exigiendo combustibles limpios y aire limpio.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) interpuso el día de ayer ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una Denuncia Popular en contra de Petróleos Mexicanos por el incumplimiento de la NOM-086-SEMARNAT-SENER-SCFI-2005, ESPECIFICACIONES DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, la cual establece la obligación para la paraestatal, de distribuir Diesel con Ultra Bajo Azufre (UBA) a partir del 1 de febrero en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

La denuncia popular es un instrumento jurídico cuya finalidad es demandar a la autoridad tomar acción con relación a hechos, actos y omisiones que pueden producir desequilibrio ecológico, y daños al ambiente y los recursos naturales.

En este caso, la dilación de Pemex en la introducción del Diesel UBA no sólo produce severos daños al medio ambiente, sino que repercute negativamente en la salud de la población, y en la economía nacional. El Instituto Nacional de Ecología (INE)  ha informado a la Presidencia de la República, en una misiva enviada desde el 25 de junio de 2008, que el monto estimado por los beneficios perdidos que ocasionarían cuatro años de retraso en el cumplimiento de la norma, asciende a cuatro mil millones de pesos. El INE detalló, además, que en dicho periodo podrían evitarse 10 mil muertes prematuras, 30 mil casos de bronquitis crónica, dos millones de días de trabajo perdido y 15 millones de días de actividad restringida en el país.

Desde hace más de un año, las organizaciones han solicitado a través de conductos institucionales, respuesta oficial de las autoridades sobre el grado de avance en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la producción de los combustibles limpios, así como sobre el monto de la inversión pública erogado para tal fin:

• El 30 de noviembre del 2007 se envió misiva al presidente Felipe Calderón solicitándole garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en la norma.
• La Presidencia de la República turnó la misiva a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual, el 14 de enero de 2008, respondió, entre otras cosas, que «reducir el contenido de azufre en los combustibles implica formidables inversiones», por lo que «la norma incluyó plazos que permitieran realizar las correspondientes inversiones y hacer las adecuaciones de logística al sistema nacional de suministro de combustibles». En la respuesta no se mencionan los avances en dichas adecuaciones ni un compromiso específico de cumplir en el tiempo establecido.
• El 4 de marzo del 2008, las organizaciones firmantes solicitaron audiencia con el presidente para demandar una respuesta oficial al cumplimiento de la normatividad en materia de combustibles limpios.
• La respuesta llegó el 8 de mayo por conducto de la Secretaría Particular de la Presidencia, siendo turnados al Instituto Nacional de Ecología (INE).
• Como resultado de la reunión con el Instituto Nacional de Ecología, dicha dependencia envió carta a la Presidencia de la República el 25 de junio de 2008, informándole los costos del retraso en la implementación de la norma.
  Hasta el momento, no se ha producido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno mexicano respondiendo dichos cuestionamientos, ni sobre cuándo espera cumplir con el compromiso planteado en la NOM-086, la cual tiene como objetivo establecer las especificaciones sobre protección ambiental de los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se comercializan en el país. Aplica en todo el territorio nacional y es de observancia obligatoria para los responsables de producir e importar los combustibles en nuestro país.

A través de la denuncia popular, se espera que la Profepa realice las diligencias necesarias que marca la ley, a fin de determinar la existencia de los hechos denunciados, las posibles sanciones y medidas de mitigación que procedan de acuerdo a la Ley, en contra del responsable y, para que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), denuncie ante el Ministerio Público Federal los actos, omisiones o hechos que impliquen la comisión de un delito, a efecto de proteger y defender el medio ambiente y los recursos naturales.

Paralelamente, las citadas organizaciones han puesto en marcha una campaña de concientización social, denominada México Haz Algo, con el fin de que la opinión pública tenga mayor información sobre los efectos nocivos que los combustibles con alto contenido de azufre tienen sobre su salud, particularmente sobre la de los niños y niñas.

A través del sitio en Internet, www.mexicohazalgo.org es posible realizar acciones concretas a favor del medio ambiente. Hasta el momento, a través de esta página, 500 personas han enviado una carta al presidente Felipe Calderón expresando su inconformidad por el incumplimiento de la norma y exigiendo el respeto a su derecho a tener aire limpio y un medio ambiente sano.