Omisión de Profepa y autoridades ambientales en la muerte de 7 mil tortugas en BCS
Hace un par de semanas organizaciones ambientalistas como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Defenders of Wildlife dieron a conocer que durante el actual sexenio han muerto al menos 7 mil ejemplares de tortuga amarilla, esto tan solo en el puerto de López Mateos en Baja California Sur. La muerte de estos individuos de esta especie en peligro de extinción se ha dado con pleno conocimiento de las autoridades pesqueras y ambientales de nuestro país, las cuales no han resuelto el problema.
Frente a esta denuncia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) señala desconocer las causas, pero se atreve a afirmar que la captura por parte de las pesqueras no es la razón de ello. Lo anterior, a pesar de que apenas en octubre pasado el Instituto Nacional de Pesca reconoció que las pesquerías han estado capturando altas cantidades de estos animales.
La zona más importante de alimentación en el Pacífico Oriental de esta especie se encuentra en el Golfo de Ulloa. En un comunicado de prensa el CEMDA y Defenders of Wildlife señalan que la tortuga amarilla anida en costas de Japón y al nacer cruza el océano Pacífico para pasar 10 o más años en aguas mexicanas alimentándose y creciendo para realizar el viaje de regreso a Asia para reproducirse. Solamente 2 mil tortugas anidan en Japón anualmente mientras que en México las autoridades han permitido la muerte de más de 7 mil en seis años”.
La mortandad de individuos de esta especie ha aumentado en un 600% en este 2012, siendo una de las causas principales de ello la falta de regulación por parte de Conapesca. A pesar de que las pesquerías atrapan y ahogan a estos animales en sus redes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha titubeado y no ha lanzado el decreto para establecer una zona de refugio y así proteger esta importante zona de alimentación, asimismo no ha regulado la pesca para proteger a la tortuga amarilla.
Las organizaciones ambientalistas han denunciado que existe una grave omisión por parte de la Profepa en este caso, lo que significa una violación a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Este organismo debió, sabiendo que existe evidencia de que la pesca está ocasionando la mortandad de estos quelonios en la zona, haber iniciado los procedimientos en contra de quienes han puesto en riesgo la preservación de la tortuga amarilla. Además, la Procuraduría Ambiental está obligada en este caso a solicitar estudios de impacto ambiental.
Al respecto, Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildife de México, señala que «la Semarnat, Profepa y Conapesca no hicieron nada para proteger a la especie durante seis años y ahora incluso quieren esconder las causas de la masiva mortandad de la tortuga amarilla antes de que termine su administración. Están dejando la responsabilidad a la administración de Enrique Peña Nieto que deberá solucionar rápidamente este problema para evitar que sigan muriendo miles de tortugas marinas bajo su mandato».