Posponen legisladores discusión del dictamen de ley general de aguas
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) dijo que será pospuesta por tiempo indefinido la discusión del dictamen sobre la Ley General de Aguas, que fue aprobado la semana pasada. La discusión había sido planeada para la sesión de hoy martes.
Manlio Fabio Beltrones, presidente de la JUCOPO, afirma que la propuesta no busca privatizar el agua y sostuvo que la ley garantiza el derecho al agua, como se estableció en la reforma constitucional de 2012. Sin embargo, admitió que es muy sano el abrir este espacio de tiempo en la Cámara de Diputados, pues permitirá fomentar la discusión y escuchar más puntos de vista en los grupos parlamentarios.
También dijo que la apertura al diálogo será para identificar aquellas expresiones y observaciones pendientes a fin de resolverlas. Agregó que continuarán su labor para lograr esclarecer y mejorar los términos contenidos en el documento, con miras a que exista mayor transparencia en su contenido.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), la iniciativa está lejos de cumplir su objetivo de garantizar el derecho humano al agua a todas y todos los habitantes de México, pues contraviene los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, los diputados aprobaron un dictamen que conocieron pocas horas antes, carente del estudio y sustento técnico y científico suficiente que diera respaldo a su voto a favor o en contra del contenido de la iniciativa.
Un sector de esta Cámara insistió en que este plazo no solo sirva para prolongar la discusión de la ley para su aprobación, sino para que se abra un diálogo serio y se invite a quienes se excluyeron, sin que esta ventana sea solo para diferir por unos días las críticas de la sociedad civil y de los investigadores.
Por lo anterior, la importancia de que los legisladores se tomen el tiempo necesario para escuchar a las voces interesadas y profundicen en los datos técnicos y científicos necesarios para que la iniciativa cumpla con los estándares del derecho al vital líquido, conforme a los tratados internacionales de los cuales México forma parte, es algo imprescindible e imperativo. De no hacerlo, violarían el mandato constitucional de respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua.