México haz algo

El pasado 26 de febrero ingresó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General de Aguas elaborada por el Ejecutivo Federal para que fuera puesta a discusión, esto mediante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por ello, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL, A.C.), entre otras, solicitaron que se lleven a cabo foros de discusión sobre dicha ley, que involucren la participación de legisladores y den voz a la opinión de especialistas, individuos y otros grupos interesados mientras es efectuado el proceso de dictamen que tiene lugar en San Lázaro.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y ha sido suscrita por los diputados Kamel Athié Flores, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, José Antonio Rojo García de Alba, presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, Sergio Augusto Chan Lugo, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Según lo estipulado en el Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha contemplado durante el proceso de dictamen de la iniciativa el realizar audiencias públicas y reuniones en las que se consulte la opinión de los especialistas en el rubro, así como a los grupos interesados, a los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos, a las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras de temas hídricos, y las opiniones de la población en general.

Queda entendido que la base sobre la cual se rige la iniciativa de Aguas es legalizar la forma como debe hacerse cumplir el derecho humano al agua. Las comisiones dictaminadoras deben refrendar que al tratarse de un derecho humano, la Ley brindará protección en toda su extensión a cada persona, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política y a los estándares más altos dispuestos en tratados internacionales que han sido firmados por México.

Las organizaciones han dicho en varias ocasiones que la iniciativa de la Ley General de Aguas no garantiza, conforme a los estándares internacionales, el derecho humano al agua y al saneamiento para los sectores más vulnerables del país (como señala el art. 40 constitucional), ya que no posee mecanismos de garantía para los diversos grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en situación de pobreza.

También se ha señalado que es imperante atender la Observación General 15 del Comité de Derechos Sociales y Culturales (DESC), ya que representa el mapa y texto más evolucionado relativo a los contenidos y mecanismos que garantizan el derecho humano al agua.

De igual manera, el mes anterior, investigadores e integrantes de varias organizaciones civiles hicieron entrega a los legisladores federales de una propuesta ciudadana de iniciativa general concerniente al tema, la cual lleva más de dos años trabajándose e involucró la participación de más de 450 académicos, investigadores y especialistas, así como de comunidades y comités de usuarios para que fuera elaborada.

La meta a alcanzar vía la solicitud de estos foros públicos, es discutir abiertamente con los legisladores el contenido de ambas iniciativas, y que el texto final que se apruebe realmente garantice el derecho humano al agua para todas y todos los habitantes de la nación, específicamente para los grupos más vulnerables.