Exigen ONGs al gobierno de México respetar derechos humanos de la tribu Yaqui

Escrito por México haz algo en General 10 octubre 2014

MLLa Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) es una iniciativa de cooperación formada por más de 270 organizaciones de derechos humanos e individuos de 70 países. A través de dos de sus miembros mexicanos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), la organización envió el día de ayer una carta a varios miembros del gobierno mexicano.

En ella, el organismo expresa su preocupación por la puesta en marcha del proyecto «Acueducto Independencia» en el Estado de Sonora, que ha causado violaciones graves de derechos humanos a 45 mil miembros de la comunidad indígena Yaqui.

La carta fue enviada al Secretario de Gobernación, al Gobernador del Estado de Sonora, al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Procurador Federal de Protección al Ambiente, entre otros políticos del país.

Esta misiva denuncia el incumplimiento de la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de México del 8 de mayo de 2013, la cual reconoce el derecho de la tribu Yaqui a ser consultada respecto a probables impactos sobre derechos humanos relacionados con esta iniciativa, y en cuya aclaración posterior advierte «en caso de que la operación del Acueducto Independencia ocasionase un daño irreparable a la tribu Yaqui, este debería ser suspendido». Ambas decisiones judiciales constituyen un reconocimiento legal directo del principio de consulta efectiva, dentro del marco internacional de los derechos humanos.

Según la Red-DESC, esta conducta del gobierno de México pone en entredicho varios derechos humanos para esta etnia, entre ellos el derecho al acceso a agua y alimentación, el derecho al goce de una mayor salud física y mental, el derecho a un ambiente saludable y el derecho a la autodeterminación. Este proyecto ha causado la desposesión de los recursos naturales hídricos pertenecientes a los Yaquis, ocasionando innumerables problemas a la comunidad.

La carta también expresa la preocupación generada por informes recientes de acciones represivas y violentas contra miembros de la tribu mientras ejercían su derecho a protestar pacíficamente contra el proyecto, denunciando la detención de Mario Luna Romero, líder de la comunidad Yaqui del Estado de Sonora, y de Fernando Jiménez Gutiérrez, también miembro de la tribu, quienes se encuentran en riesgo de ser sometidos a juicio injustamente, afrontando una sentencia prolongada.

Tal conducta del Estado de Sonora supone una violación a la libertad de expresión, al derecho a reunirse pacíficamente, a ser tratado con dignidad y a un juicio justo, entre otros.

La Red-DESC insta en su carta al gobierno mexicano a que adopte con urgencia medidas que resuelvan estas acciones impunes, no criminalizar el estado de derecho de los grupos étnicos y liberar a los miembros afectados de la comunidad yaqui.


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