Piden a gobierno garantizar Programa de Cambio Climático que cumpla meta de reducción de emisiones

tormenta-tropicalEl Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2013-2018, que se publicará a más tardar el 30 de abril, debe ser ambicioso y contribuir a cumplir con la meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr la meta de reducción, que es de un 30% para el año 2020, el gobierno mexicano debe realizar acciones contundentes y coordinar una política climática integral, la cual involucre a todos los sectores y agencias gubernamentales.

Lo anterior fue soliciado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización que aseguró que de no tomarse estas medidas, se continuará poniendo en riesgo el 15% del territorio del territorio nacional que está expuesto a los desastres naturales, el 68% de la población y el 71% del Producto Interno Bruto.

El CEMDA destacó que para poder reducir en un 30% las emisiones contaminantes es necesario abatir 37.2 toneladas métricas de bióxido de carbono equivalente por año, lo que implica que este país debe ser capaz de implementar una política climática de fondo donde el Programa Especial de Cambio Climático sea una prioridad.

Recientemente, el Estado mexicano se comprometió a disminuir la cantidad de contaminantes atmosféricos para 2020 ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en Copenhague 2009 y Cancún, México 2010.

Leticia Pineda, encargada del área de Política Pública del CEMDA, señaló que “para poder cumplir con estas metas ambiciosas, el país debe acelerar una serie de acciones que involucran a distintos sectores de la sociedad, pero en cuya coordinación debe haber un claro liderazgo del gobierno mexicano”. De otra forma, resaltó, “no será posible reducir las emisiones en los niveles que se han planteado, lo cual agravaría la condición de vulnerabilidad de México frente al cambio climático”.

Pineda explicó que “es urgente que el PECC elaborado por la presente administración federal contenga políticas públicas efectivas en términos de adaptación y mitigación al cambio climático, que permitan reducir el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran muchas poblaciones del país las cuales viven en zonas de huracanes o con inundaciones y sequías frecuentes”.

El CEMDA reiteró que el Programa Especial de Cambio Climático no sólo debe orientar las acciones de la administración pública federal centralizada y paraestatal, sino generar un marco que permita la participación de los sectores social y privado como corresponsables de la formulación de la política climática tal como lo establece el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático.

Asimismo, debe servir como base para que los estados formulen sus Programas Estatales de Cambio Climático en congruencia con el PECC, y se fortalezca el Sistema Nacional de Cambio Climático permitiendo la concurrencia, coordinación y alineación de los esfuerzos de mitigación y adaptación de la política nacional en los tres órdenes de gobierno sin importar su función.

También se deben incluir principios de sustentabilidad en el aprovechamiento y uso de los ecosistemas, corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, precaución, prevención, adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una economía baja en carbono, integralidad y transversalidad, participación ciudadana en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de los instrumentos, responsabilidad ambiental y desarrollo económico nacional.

La organización ambientalista recordó que la sociedad civil organizada, junto con otros sectores como la academia y los grupos vulnerables al cambio climático deben participar igualmente en la planificación y desarrollo de la política climática a nivel nacional, para lo cual el gobierno debe asegurar esquemas de participación, transparencia y rendición de cuentas.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) ha invertido alrededor de 140 millones de pesos entre 2005 y 2011, mientras que en el mismo periodo, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) ha invertido cerca de 5.2 mil millones de pesos para la reconstrucción de desastres.

Esta enorme brecha evidencia que los desastres vinculados con el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, están superando por mucho la capacidad de planificación y reacción del gobierno, impactando gravemente en las finanzas del país, concluyó el CEMDA.