México haz algo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aseguró que el costo económico que México tendrá que asumir por los daños medio ambientales ocasionados en los últimos años, asciende a 985 mil 64 millones de pesos o el equivalente al 6.3% del Producto Interno Bruto.

Este cálculo de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, fue realizado con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México y precios de mercado durante 2012.

El Inegi explicó que con la difusión de estos resultados es posible identificar el impacto ambiental del quehacer económico para cuantificar el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, así como el gasto que la sociedad efectúa para resarcir los daños ambientales como consecuencia del proceso productivo de bienes y servicios.

En contraparte, el gasto en protección ambiental realizado por el sector público en su conjunto alcanzó en 2012 un monto de 143 mil 66 millones de pesos, lo que representó el 1% del PIB, cantidad muy por detrás de los daños generados a la naturaleza.

Los rubros de agotamiento y degradación ambiental que más costarán al país son: agotamiento de hidrocarburos, de recursos forestales y del agua subterránea, además de la degradación del suelo, contaminación con residuos sólidos, contaminación del agua y atmosférica.

Además, los costos totales por los daños al medio ambiente presentaron una tasa de crecimiento anual de 1.8% entre 2008 y 2012, informó el Inegi.

Por si fuera poco, la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados presentó un estudio donde se descubrió que entre 2007 y 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no realizó la evaluación del daño o afectación ambiental de 92 proyectos urbanísticos en todo México.

Pese a que estas obras fueron identificadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Semarnat no hizo los dictámenes sobre las acciones de restauración y compensación al medio ambiente de las obras, “situación que no permitió contribuir a reducir los desequilibrios ecológicos que generan las obras o actividades que deben sujetarse al proceso de evaluación, a fin de que se ejecuten con criterios de sustentabilidad”, estableció la ASF en su Informe de la Cuenta Pública 2012.

Algunos de los proyectos que no contaban con estos estudios medio ambientales son: Cabo Pulmo en Baja California Sur y Playa Espíritu en Sinaloa.

La Auditoría Superior encontró, entre otras anomalías, que la Semarnat privilegió el cumplimiento de requisitos que debían contener los Manifiestos de Impacto Ambiental por encima de los elementos técnicos que sirven de apoyo para su evaluación y resolución.
De 2007 a 2012, la Semarnat aceptó tres mil 503 solicitudes de impacto ambiental, de las cuales autorizó mil 711 y rechazó solo 518, mientras que el resto siguió en proceso de evaluación al concluir el 2012.

Vía: INEGI