Cemda denuncia que Semarnat permite operación ilegal de Paraíso del Mar en BCS
El pasado fin de semana el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció que el proyecto inmobiliario Paraíso del Mar, ubicado en la costa de Baja California sur, opera fuera de la legalidad, pues no cuenta con autorización de impacto ambiental desde hace dos años. Eso se debe, señaló el CEMDA, a las omisiones constantes por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) -la cual depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)-, así por parte de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la entidad.
Este proyecto que construye la empresa Desarrollos Punta La Paz, platea la urbanización de 504 hectáreas en las que se ubicarán 2 mil 500 cuartos de hotel, 4 mil viviendas, dos campos de golf y una marina exterior con capacidad para más de 500 barcos. La zona que se pretende urbanizar se encuentra frente al malecón de La Paz, en la barra de arena conocida como “El Mogote”.
Desde agosto de 2010 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió que la autorización ambiental con la que este complejo contaba era ilegal, obligando a Semarnat a emitir un nuevo dictamen que tomara en cuenta los puntos de la sentencia del tribunal. La sentencia del órgano legal señaló que el desarrollo se construye en una zona forestal vedada y que su operación, al establecerse sobre una zona de manglar y no contar con una valoración de especies marinas, viola las normas NOM-022-SEMARNAT-2003 y NOM-059-SEMARNAT-2011.
A pesar de esta resolución y de las denuncias populares que se han interpuesto ante la Profepa sobre la falta de autorización, la procuraduría ambiental solamente se ha limitado a preguntar a Semarnat sobre la vigencia de la autorización; la Secretaría de Medio Ambiente ha respondido, a través de la DGIRA, que la autorización es válida debido a que la empresa promovente interpuso un juicio de amparo.
Al respecto, Mario Sánchez, abogado del Cemda en la región noroeste, señaló que “desde el principio se le recordó a Profepa, incluida su dirección jurídica, que en el juicio de amparo presentar la demanda no otorga una suspensión automática”. En este sentido, dijo, la suspensión se otorga sólo por causales de seguridad personal o por garantías individuales, “en el caso del medio ambiente, puesto que es de interés público no se dan suspensiones”.
Además, el abogado del Cemda explicó que “la delegación de la Profepa en Baja California Sur no ha hecho uso de sus facultades en los procesos de Paraíso del Mar, simplemente ha esperado a una orden de la DGIRA que no llegará. La omisión de la Profepa para actuar ha ocasionado que Paraíso del Mar lleve dos años construyéndose sin autorización”.
El CEMDA señala que la empresa encargada de este desarrollo “ha visto desmoronarse tanto su proyecto como su defensa legal”. Las demandas de la empresa Desarrollos Punta La Paz en contra de la nulidad de la autorización han sido desechadas, al igual que su solicitud para que la sentencia del tribunal sea suspendida. Sin embargo, señala el CEMDA, “el actuar de la DGIRA en los expediente s de denuncia popular ha sido la de defender la legalidad de un acto administrativo que ya no existe”.