Gobierno de México debe actuar a la brevedad para proteger tortugas marinas y evitar embargo pesquero de EU
El gobierno de Estados Unidos (EU) tiene planeado realizar un embargo pesquero contra México, producto de la muerte de tortugas caguama en Baja California Sur (BCS). Lo anterior representa un gran riesgo para el país y cuyas consecuencias económicas serían de gravedad. Por ello, el gobierno federal debe elaborar e implementar a la brevedad y de manera efectiva un ordenamiento pesquero en esa zona.
Autoridades de EU han pospuesto hasta mayo próximo su decisión de certificar a México y evitar sanciones comerciales de casi 400 millones de dólares a causa de la mortandad de tortugas caguama en el Golfo de Ulloa, BCS.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y la organización Defenders of Wildlife, consideran preocupante que el gobierno de Estados Unidos quiera imponer sanciones económicas unilaterales e injustas, y que suceda lo mismo que ocurrió con el problema del atún-delfín.
«Es por ello que esperamos en estos días el resultado de las negociaciones de ambos países, y conocer si dejaron pasar la gran oportunidad de actuar y brindar protección a las tortugas marinas así como apoyo al sector pesquero», explicó Alejandro Olivera, coordinador de políticas públicas del CEMDA, sede noroeste.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), través de su reporte bianual para el Congreso de los Estados Unidos, concluyó que «debido a que el Gobierno de México ha propuesto el establecimiento de una zona de refugio (para las tortugas caguama) y demostrado el progreso hacia la adopción de un programa regulador de captura incidental, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NFMS) está retrasando su certificación hasta mayo de 2015 para determinar si la regulación implementada es comparable en eficacia a relevantes medidas regulatorias de Estados Unidos».
Esto después de que en el anterior reporte de la NOAA, hace dos años, se identificara a México como nación captora de especies protegidas, basándose en la captura incidental de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, BCS. En aquel tiempo, el gobierno estadounidense señaló que la cifra reportada por el gobierno mexicano de 438 tortugas amarillas encontradas sin vida en playa San Lázaro en esa misma región de BCS, entre julio y agosto del año 2012, denota una mortandad mucho mayor, violando la ley de moratoria a la pesca con redes de deriva en altamar.
Según el reporte, los EU tomaron la decisión al revisar informes técnicos del INAPESCA sobre captura incidental de tortugas, los cuales indican que en promedio, 2 tortugas son capturadas por redes agalleras. También se basó en informes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de reuniones donde se ha discutido la situación de la tortuga caguama en BCS, y en la que se dio a conocer sobre la mortandad de 438 tortugas prietas durante 2012. Después de dos años de la fiscalización de la NOAA, el gobierno mexicano no ha logrado resolver el contratiempo.
Olivera agregó que a pesar de que este proceso de evaluación no sólo ha sido del conocimiento del gobierno mexicano desde el año pasado, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en México, no ha hecho el mínimo esfuerzo para implementar un ordenamiento pesquero en la región, ni tampoco una estrategia de fondo que evite un embargo pesquero.
Al mismo tiempo que las negociaciones, el gobierno mexicano continúa las labores de investigación a través de un grupo de expertos cuyo fin es analizar las posibles causas de mortandad de tortugas y verificar nuevos sistemas de pesca. Los investigadores proyectan un año más de investigación, pues los primeros estudios no mostraron datos contundentes.
«Es claro que el problema en el Golfo de Ulloa es la captura incidental en actividades pesqueras, y la CONAPESCA ha insistido en desestimar la información de científicos nacionales y extranjeros, e incluso han desestimado sus propios reportes e investigaciones que han encontrado lo mismo que los científicos. No han hecho su trabajo para regular las pesquerías y detener la captura incidental de una especie en peligro de extinción. Si llega un embargo por parte de los EUA, será por culpa de la CONAPESCA» enfatizó Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.
En diciembre del año pasado salió a la luz la consulta pública el «Acuerdo por el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur».
El CEMDA y Defenders of Wildlife de México han solicitado la intervención del gobierno para solventar la problemática de las tortugas desde el 2007, rechazando cualquier medida unilateral como un embargo, pues no es la solución. Las organizaciones coinciden con científicos, legisladores mexicanos y estadounidenses, organismos internacionales, como La Sociedad Internacional de Tortugas Marinas (ISTS )y el Grupo de Expertos de Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), entre varios más, que las medidas de conservación como un área de refugio y una regulación pesquera son necesarias.
Cantú subrayó que es un beneplácito hallar una nueva área de refugio en el Golfo de Ulloa debido a que es un instrumento que han apoyado y que podría ser la herramienta mediante la cual los pescadores y las tortugas puedan convivir. No obstante, aún está pendiente la publicación del programa de manejo.