Presentan informe sobre situación de personas defensoras de derechos humanos ambientales

El día de ayer, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México en su edición 2020.

El documento arroja que durante el 2020 se mantuvo la tendencia creciente de violencia que desde hace décadas han enfrentado las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México.

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El informe señala que el número de agresiones en contra de las personas defensoras se incrementó en comparación con el año anterior. Durante el 2020, se contabilizaron 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos. La agresión más recurrente fue el homicidio, registrándose 18 personas defensoras ambientales asesinadas.

El Cemda detalló que, en lo que se refiere a las agresiones por entidad federativa, se registró un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

En este sentido, CEMDA destacó que si bien México ha manifestado su voluntad de asumir obligaciones para la prevención y protección de las y los defensores ambientales, ratificando el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú), la indiferencia e inacción del Estado mexicano se refleja en que el El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos económicos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido constantes recortes presupuestales y de personal.

A esto hay que agregar la eliminación, por parte del Congreso de la Unión en 2020, del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Ambos eran de vital importancia para las personas defensoras ambientales beneficiarias de medidas de protección.

El Cemda que ante esta situación, la actual administración federal tiene la oportunidad histórica de sentar las bases para un México donde existan garantías efectivas de respeto y protección de los derechos humanos ambientales y su defensa.

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