México haz algo

Versión escrita de la cápsula radiofónica de Margarita Campuzano y Tania Mijares, en Telefórmula.

Hola Manuel, Patricia y Sophia, buenas tardes. Esta semana el gobierno federal realizó un acto público para anunciar que han iniciado los estudios correspondientes para la construcción del aeropuerto en la actual base militar de Santa Lucía.

Como fue del conocimiento de la mayoría de quienes nos escuchan, una de las primeras acciones del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador fue cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco y anunciar que se optaría por una nueva sede en Santa Lucía, estado de Hidalgo.

Desde el punto de vista ambiental, lo que tenemos que precisar en este momento, es que legalmente no puede iniciar construcción alguna en los terrenos de Santa Lucía, debido a que no se han elaborado los correspondientes estudios y obtenido las autorizaciones necesarias.

De acuerdo con lo que señala la Ley ambiental –Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente-, la evaluación de impacto ambiental de la obra o actividad, debe ser PREVIA al inicio de la obra. De esta forma, si se iniciaran actualmente obras, se estaría violando la ley ambiental como ocurrió en el caso de la refinería de Dos Bocas, donde se desmontó vegetación sin contar con los permisos correspondientes.

El carácter PREVIO de estos estudios y permisos es fundamental en materia ambiental, pues al tratarse de proyectos que va a ocasionar impactos sobre los ecosistemas, se deben prever, mitigar, reducir y, en la medida de lo posible, evitar afectaciones ambientales que en algunos casos pueden llegar a ser irreversibles.

El gobierno ingresó el 15 de abril pasado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la denominada Manifestación de Impacto Ambiental para someterla a revisión, procedimiento que puede prolongarse hasta 60 días, según establece la ley. Terminado este plazo, la Semarnat decidirá si otorga o niega la Autorización correspondiente.

Dentro de este proceso, falta además complementar el procedimiento de consulta pública que cualquier ciudadano tiene derecho de solicitar por ley. En este caso, hay organizaciones de la sociedad civil que han anunciado su interés en solicitar una consulta pública con el fin de emitir comentarios al proyecto.

Existen otros requisitos legales que deben cumplirse, por ejemplo en el caso de que se requieran cambios de uso de suelo en terrenos forestales también deben solicitarse las autorizaciones correspondientes; o bien, si existen pueblos indígenas en dicho territorio, se debe llevar a cabo la consulta indígena, de acuerdo con lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. A este respecto, cabe señalar que el presidente López Obrador también dijo esta semana en su conferencia matutina que ya se habían llevado a cabo consultas entre la población y que ésta estaba de acuerdo con el proyecto. Sin embargo, existe un protocolo internacionalmente aceptado y una forma de realizar la consulta indígena, que México reconoce y debe seguir, de tal forma que pueden existir impugnaciones legales de grupos indígenas si consideran que no fueron consultados adecuadamente.

En México Haz Algo creemos que no hay esfuerzos pequeños y que todos podemos ser parte de la solución. Estemos pendientes del seguimiento del proyecto del aeropuerto, así como de otros grandes proyectos que este gobierno ha anunciado, como son el tren maya y la refinería. Pueden consultar en la Gaceta Ecológica del gobierno federal con fecha del 15 de abril la Manifestación de Impacto Ambiental del aeropuerto de Santa Lucía.

La nueva administración debe demostrar en los hechos que está comprometida con una verdadera transformación y, por ende, con el cumplimiento de la Ley y con el respeto al medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades.

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