Escasez de agua en Monterrey

Foto: Gobierno de Nuevo León

Esta semana una noticia que ha sonado a nivel nacional es la grave escasez de agua por la que están atravesando los habitantes de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

La problemática que atraviesa en este momento Monterrey se debe a múltiples factores, no únicamente el ambiental, aunque este último sin duda es fundamental.

El planeta ha experimentado esta temporada, niveles récord en cuanto a temperaturas altas; las lluvias han tardado en llegar y la situación se agrava, pues, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el 80% del país enfrenta algún grado de sequía. Como ya hemos comentado en este espacio, por su posición geográfica, nuestro país es de los más vulnerables a los efectos del cambio climático y los que enfrentan mayor estrés hídrico.

Pero, además de este problema, tenemos un grave rezago en materia de adaptación de los gobiernos al cambio climático. En el caso particular de Nuevo León, el estado no ha desarrollado políticas públicas para una adecuada gestión del agua.

¿Qué quiere decir esto? Que frente a su situación de escasez de agua se deberían priorizar acciones para captar agua de lluvia, para implementar ecotecnias en las casas que permitan almacenar el agua, incluyendo filtros para hacerla potable; tampoco se hace un tratamiento adecuado de las aguas residuales, industriales, ni agrícolas.

La ciudadanía de Monterrey compite además por el agua con muchas plantas industriales. En este sentido es cuando entendemos por qué es relevante que el derecho al agua sea ahora un derecho consagrado en la Constitución mexicana. Esto significa que la constitución mandata que el acceso al agua potable se debe priorizar para el consumo humano, en cantidades suficientes y de forma accesible. Es decir, si el agua es poca, a las personas les toca, y se debe dejar en segundo plano el agua destinada para uso industrial y comercial.

En muchas regiones del país, tristemente, vemos que el agua de los ríos se trasvasa y desvía para llevarla a presas y acueductos destinados a garantizar el agua para grandes plantas industriales, mientras pueblos, comunidades indígenas y rurales, así como población urbana sufrimos por la escasez del líquido.

Para finalizar, hay que recordar también que tenemos un rezago de diez años en la promulgación de la Ley General de Aguas. ¿Y por qué esto nos debe importar? Justamente porque la ley es la que debe señalar qué cantidades se pueden concesionar a privados, también reconocer que muchos ríos, lagos y otros cuerpos de agua han estado bajo el resguardo y la gestión de pueblos y comunidades y que, por tanto, se debe respetar su derecho a seguirla utilizando. Privatizar el agua, como vemos, no es la solución, menos ahora que es tan escasa y que se vuelve un bien atractivo de lucro con intereses empresariales, económicos y políticos.

En México Haz Algo creemos que no hay esfuerzos pequeños y que todos podemos ser parte de la solución. Recuerda que es tu derecho humano acceder a agua potable, en cantidades suficientes y a precio y distancia accesible. Te invitamos a conocer más al respecto, en la campaña #SerAgua.

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