Acuerdo sobre obras y proyectos considerados de interés público y seguridad nacional: México Haz Algo en Radio Fórmula
El pasado lunes 22 de noviembre fuimos sorprendidos por un Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de las megaobras de este sexenio.
El ya denominado públicamente como “El Acuerdazo”, pone en riesgo el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos, suscritos por México.
La intención de este Acuerdo es acelerar la realización de obras y proyectos emprendidos por el gobierno federal, para poderlos eximir del cumplimiento de varios permisos y obligaciones de transparencia que están establecidos en diversas normas y leyes del país.
El acuerdo establece que durante un año se considerará de seguridad nacional e interés público la realización de proyectos y obras “asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”; es decir, prácticamente todo lo que quiera hacer el gobierno federal. En los hechos esto supone que las obras se harán sin tomar en cuenta ni analizar los impactos sociales y ambientales que ocasionarán.
Como podemos deducir, el Acuerdo viola el derecho humano a un medio ambiente sano ya que transgrede los principios de no regresión, prevención, precaución y justicia intrageneracional. Esto es así, pues, si escudados en este Acuerdo se hacen a un lado los procedimientos y requisitos para obtener permisos, licencias y dictámenes en materia ambiental, será imposible establecer medidas de reparación y mitigación ANTES de que se realicen obras, con lo cual se dejará en estado de vulnerabilidad a los ecosistemas, servicios ambientales, así como a las personas y comunidades que dependen de éstos.
Esto significa que en la práctica puede ocurrir que nuestros bosques y selvas sean deforestados, y los acuíferos y cuerpos de agua contaminados, todo en nombre de la seguridad nacional.
El Acuerdo contraviene también el denominado, Acuerdo de Escazú, recientemente ratificado por el Estado mexicano, puesto que violenta el derecho de las personas a ejercer sus derechos de acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones respecto de los proyectos que puedan impactar las comunidades y ecosistemas donde habitan. Asimismo, el Acuerdo impide que las personas defensoras de los derechos humanos ambientales puedan ejercer su labor de manera segura, colocándolos en una situación de inseguridad jurídica y potencialmente de riesgo.
En México Haz Algo sabemos que no hay esfuerzos pequeños y que todos podemos ser parte de la solución. El desarrollo sostenible y el bienestar social únicamente se pueden alcanzar a través del cumplimiento cabal de la ley y de los derechos humanos.
Por estas razones, es evidente que este Acuerdo debe ser derogado, pues, de implementarse, solamente ocasionará más conflictos socioambientales y el fracaso de las obras y proyectos que se pretenden facilitar.
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*Versión estenográfica de la cápsula del 4 de diciembre de 2021 en Radio Fórmula