México haz algo

Un grupo de 319 personas y 90 organizaciones, entre las que se encuentra el Centro de Derecho Ambiental, realizaron un llamado al gobierno de la República y a los senadores y diputados, para que muestren voluntad política y responsabilidad social y ambiental para enfrentar la crisis ambiental que México enfrenta.

En este sentido, pidieron “un verdadero compromiso con el pueblo de México y la madre tierra, privilegiando la vida sobre otros intereses económicos y políticos”. Y exigieron pasar del discurso a la acción para impulsar una política pública ambiental ética, responsable, honesta y congruente con las garantías que establece la constitución. Esta política, señalaron en una carta, debe cumplir con los compromisos legales internacionales y garantizar la aplicación de instrumentos legales de avanzada a favor del derecho humano a un ambiente sano, la igualdad de género y los derechos colectivos.

Para avanzar en este sentido, señalaron, “es necesario que las decisiones gubernamentales tengan una base científica, y que sean planeadas y consensadas de manera vinculante con los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a mujeres y jóvenes, academia, comunidades, pueblos originarios, cuyos territorios resguardan históricamente la biodiversidad de nuestro país”.

Sobre la política del gobierno actual, subrayaron que es contradictoria, pues por un lado manifiesta estar en favor del desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, pero por el otro impulsa proyectos que deterioran el medio ambiente y ponen en riesgo la biodiversidad. En este sentido, señalaron que “prueba de ello, es el proyecto de presupuesto para 2020 presentado por el ejecutivo que propone un recorte del 7.7% a la SEMARNAT, que sumando a los recortes de los años anteriores representa alrededor del 50%”.

Por estar razones, exhortaron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a:

• Hacer un ejercicio responsable de programación y asignación de presupuesto público dirigido al sector ambiental que garantice el respeto inalienable a nuestros derechos humanos ambientales y la sustentabilidad de las presentes y futuras generaciones, para lo cual no debe recortarse el presupuesto al sector ambiental, por el contrario, incrementarse al menos en un 10%.
• Establecer criterios e indicadores relevantes en los planes, programas y proyectos de desarrollo de este gobierno, de tal forma que sea posible la evaluación de sus resultados e impacto y dar certidumbre al pueblo de México sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
• Ratificar el Acuerdo de Escazú y promover una participación ciudadana efectiva y vinculante en la planeación y decisiones ambientales, mediante instrumentos y mecanismos democráticos que faculten a la ciudadanía a exigir su cumplimiento.

Aquí el pronunciamiento completo.