México es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, tanto por sus características geográficas como socio-económicas y productivas. Las fuertes sequías y las severas inundaciones sufridas en diversas regiones del país son ejemplos de situaciones que serán cada vez más frecuentes en México, y el país debe emprender acciones urgentes para que las poblaciones vulnerables puedan minimizar estos impactos y para hacer su parte en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

La Ley General de Cambio Climático establece las bases para fortalecer un marco regulatorio y de política pública que permita a México emprender el camino hacia un desarrollo resiliente y bajo en emisiones, al que deberán dirigirse todos los países para hacer frente a uno de los más grandes retos de la humanidad. Esta transición puede traducirse en importantes ahorros para México y en una gran oportunidad para crear empleos y mejorar la competitividad, a través de un nuevo esquema de desarrollo que promueva el crecimiento económico en armonía con el medio ambiente y el bienestar social. Como muestra, “se estima que las inversiones en energía renovable -excluyendo hidroeléctricas- alcanzaron 21 mil millones de dólares en el mundo, 32% más que el año anterior y 540% más que en 2004. México es uno de los países con mayores recursos para generar energía renovable y si no camina a este paso, estará perdiendo una gran oportunidad de crecimiento verde”, señaló Sandra Guzmán, Especialista Legal de Cambio Climático de WWF México. 

“Para aprovechar las oportunidades que presentan las fuentes renovables de energía y otras formas de mitigación de gases de efecto invernadero costo-efectivas, México debe tener una política de Estado, que es lo que busca la Ley”, enfatizó Guzmán. “Si México invirtiera de manera temprana tan sólo el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) podría evitar que la inacción le cueste al país el 6.22% o más de su PIB, como lo estima el estudio de la Economía del Cambio Climático para México.”

“El proceso multilateral de negociación sobre cambio climático ha demostrado limitaciones que deben superarse de forma rápida para evitar que la temperatura del planeta aumente más de 2°C, lo que requiere de rápidas y efectivas acciones nacionales”, señaló Gustavo Ampugnani, Coordinador de Campañas de Greenpeace México.

México asumió responsabilidades y compromisos ante el régimen internacional de cambio climático y está obligado a cumplirlos. Para ello, “se requiere que en el ámbito nacional exista un marco regulatorio adecuado que le permita alcanzar los compromisos asumidos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para 2020 y en 50% para 2050″, agregó Ampugnani.

“Reconocemos la labor que el Poder Legislativo ha realizado en la elaboración de esta Ley General que, una vez aprobada, requerirá un trabajo conjunto en crear la normativa apropiada, pero que sin duda permitirá destinar recursos y asegurar la coordinación para la protección de poblaciones y ecosistemas vulnerables y catalizar las oportunidades que representan inversiones estratégicas en sectores clave como el del transporte sustentable”, añadió Gabriela Niño, del Centro de Transporte Sustentable de México (CTS).

Las 12 organizaciones que integran este Grupo consideran que esta Ley es fundamental porque promueve, entre otras cosas:

1. El tránsito hacia una economía competitiva de bajas emisiones en carbono.
2. La regulación de emisiones y compuestos de efecto invernadero.
3. La concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
4. La regulación de las acciones de mitigación y la adaptación.
5. El fomento a la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología.
6. Los mecanismos para la integración de la perspectiva de equidad de género y la inclusión de la sociedad civil, el sector privado, la academia, los jóvenes y las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones.
7. El diseño y promoción de instrumentos económicos, fiscales y financieros.
8. La elaboración de previsiones presupuestales para la adaptación y mitigación con el fin de reducir la vulnerabilidad del país.
9. La formulación de una política en materia de cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas estatales y con otras leyes aplicables.
10. Los mecanismos de evaluación y seguimiento de dicha Ley.

Por todo ello, “hacemos un llamado a todos los integrantes de la sociedad, en particular al sector privado, a ser corresponsables e impulsar soluciones para revertir el daño ya ocasionado por el cambio climático y evitar impactos futuros, todo ello en el marco de los derechos humanos, la perspectiva de equidad de género y los criterios de sustentabilidad”, finalizó Niño.

Nota a los editores: 

El Grupo de Financiamiento conformado por las 12 organizaciones firmantes fue integrado con el propósito de impulsar medidas para combatir el cambio climático como el análisis de presupuesto, el fortalecimiento del marco legal, el fortalecimiento de la política pública y la puesta en marcha de mecanismos de transparencia para México. El Grupo opera desde agosto del 2010 y está conformado por: Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, el Centro de Colaboración Cívica, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable de México (CTS), Comunicación y Educación Ambiental S.C., el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Fundar, la Fundación Heinrich Böll, Greenpeace México A.C., el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Transparencia Mexicana.

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El pasado 6 de enero, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal emitió la Convocatoria para la elección de aspirantes a ocupar el cargo de Comisionados Ciudadanos del InfoDF.

En opinión de la coordinación del Colectivo este proceso de designación es fundamental para el fortalecimiento del Instituto y, consecuentemente, para la defensa y promoción del derecho de acceso a la información y de la transparencia de la función pública en la capital del país.

La propuesta de acompañamiento fue presentada por el Colectivo ante las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, responsables de llevar a cabo este proceso de designación.

Al respecto, el Colectivo considera que los siguientes elementos deben incluirse en el proceso para fortalecer la transparencia y legitimidad:

1.- Un instrumento técnico para evaluar y calificar objetivamente a los aspirantes, así como la elaboración de dictámenes fundados y motivados de las decisiones intermediaos de las comisiones legislativas y de la decisión final del Pleno de la ALDF.

2.- Un mecanismo de participación ciudadana presencial o mediante comunicación formal escrita, para la etapa de evaluación y nombramiento de los Comisionados Ciudadanos.

3.- Un mecanismo de comunicación para publicar y difundir la información generada en cada una de las etapas del proceso de manera oportuna.

Con este acompañamiento ciudadano, reiteramos nuestra disposición para coadyuvar en los esfuerzos para lograr un proceso de elección democrático, transparente, con igualdad de oportunidades para los aspirantes, con imparcialidad en las decisiones y representativo de los intereses de la sociedad.

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El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), El Poder del Consumidor, y Alternativas y Capacidades consideraron que la decisión de los magistrados confirma lo establecido por la Ley y otros criterios de la Corte en el sentido de reconocer el interés jurídico que tienen las organizaciones en los casos de obras públicas en las cuales pueda existir violación al derecho humano a un medio ambiente sano, abordando este tema como un derecho colectivo y no sólo de los directamente afectados.

Destacaron que la relevancia de dicha sentencia radica en el reconocimiento que se da a las asociaciones y colectivos de impugnar actos que sean de interés público -como la Supervía-, pues al tener la finalidad de preservar el medio ambiente cuentan con el interés legítimo para acudir e impugnar la Autorización de Impacto Ambiental (AIA).

Gustavo Alanís, director del CEMDA, destacó que “es lamentable que el gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, haya argumentando la falta de interés legítimo de las organizaciones para impugnar estas obras, cuando ya existen precedentes legales en los cuales se les reconoce dicho interés, y que pretenda seguir adelante con la construcción de la obra”. 

Las organizaciones alertaron también sobre la presión que ejerce el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, sobre el Tribunal para revertir la declaratoria de nulidad, pretendiendo imponer magistrados para controlar este órgano autónomo. Recordaron el caso de Francisco Ríos Zertuche, propuesto como magistrado de salas ordinarias y quien ha asesorado al jefe de Gobierno para defender la construcción de la Supervía.

Asimismo, denunciaron la falta de compromiso y seriedad del gobierno del Distrito Federal al cancelar en días pasados la Mesa de Transparencia en la cual se iban abordar, justamente, los temas de acceso a la información y transparencia en materia de obras públicas.

La sentencia emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal, en donde se declara nula la Autorización de Impacto Ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) local otorgó para la construcción de la Supervía Poniente, constituye un sólido paso hacia el fortalecimiento del derecho a la información, la consulta y la participación de los ciudadanos frente a obras públicas que les afectan.

Otro elemento fundamental es que el Tribunal reconoce que las publicaciones en diarios o medios de comunicación en general no son un medio idóneo para emplazar a los afectados a juicio, por lo que les debió haber notificado directamente. Asimismo, se reconoce que no sólo se debe informar a los afectados, sino que también se tiene la obligación de consultarlos.

El Tribunal añade incluso que el caso ameritaba la consulta, no sólo por el impacto ambiental de la obra, sino por el impacto social de la misma, lo cual sienta también un importante precedente en los casos de proyectos de construcción de obras públicas.

Gerardo Moncada, coordinador de Transporte de El Poder del Consumidor, apuntó al respecto que “resulta muy grave que la autoridad de la Ciudad de México minimice o considere discrecional la obligación de someter a consulta pública las obras que piensa desarrollar, pues esto no es sólo ilegal, sino que atenta contra los principios de un gobierno democrático”.

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Los investigadores que realizaron el estudio hicieron un llamado a China para que redoble sus esfuerzos en la regulación de tráfico de marfil. Esmond Martin, experto en el tema, y su colega Lucy Vigne, inspeccionaron fábricas chinas de tallado de marfil y tiendas en Guangzhou and Fuzhou en el sur de China. En Guangzhou, de 6 mil 437 artículos en venta, el 61% provenía del comercio ilegal. “Esto sugiere que las inspecciones legales y confiscaciones no han tenido lugar en muchas tiendas”, señala el estudio comisionado por la fundación Familia de Elefantes, la Fundación Aspina1l, y el Zoológico y Acuario de Columbus Ohio.

El comercio internacional de marfil de elefante fue prohibido en 1990, en años recientes se ha permitido a algunos países africanos subastar colmillos de elefantes muertos por causas naturales o confiscados a cazadores furtivos. Los comerciantes chinos compraron 62 toneladas de marfil en 2008 a Namibia, Botswana y Sudáfrica. Quienes apoyan estas ventas dicen que esto puede financiar la conservación, pero sus detractores señalan que cualquier comercio legal puede impulsar la caza furtiva. Martin señala que “es sorprendente que el comercio de marfil al menudeo no tenga mayor control en el sur de China. China continúa siendo el mayor importador de marfil ilegal en el mundo, la mayoría de África, pero también de elefante asiático que se encuentra amenazado. Las inspecciones de tiendas no requieren de mucho dinero ni personal y podrían reducir significativamente el comercio ilegal si se conducen de manera efectiva. Aplicar la ley es urgente para reducir la caza furtiva de elefantes”.

En África se ha registrado una ola de cacería furtiva de rinoceronte. El precio de un cuerno de elefante se ha disparado en el lejano oriente, en donde se utiliza en medicina alternativa para curar desde pesadillas hasta disentería. Solamente en Sudáfrica, donde el valor por gramo de un cuerno es mayor al de la cocaína, la red de monitoreo “Traffic” reportó más de 333 rinocerontes muertos el año pasado y 193 en los primeros seis meses de 2011. En 2007 solamente 13 rinocerontes fueron presa de la caza furtiva. También han habido más de 20 robos de museos y casas de subasta en Europa, incluyendo Gran Bretaña, Alemania, Belgica, Italia y Suiza.

Vía: The Guardian

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Los legisladores señalaron que la actual legislatura ha hecho más por obstruir las protecciones para el medio ambiente que ninguna otra. Los republicanos han argumentado que las regulaciones ambientales que han detenido son una carga excesiva y lastiman la economía y la cración de empleos.Edward Markey, integrante del Comité de Recursos Naturales, dijo que la agenda republicana es un rifle “apuntando directo al corazón del futuro de la energía limpia en América”.

Entre los proyectos que los republicanos han impulsado están severos recortes a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y al Departamento del Interior, así como númerosas restricciones a estas instancias en materia de regulaciones ambientales. Además, señalaron los representantes demócratas, la Cámara baja ha votado en 20 ocasiones contra regular las emisiones vinculadas al cambio climático. Eso incluye 10 votaciones realizadas durante la discusión del proyecto ley (H.R. 910) patrocinada por el presidente del Comite de Energía y Comercio, el republicano Fred Upton, que podría de manera permanente atar a la EPA y su autoridad para regular los gases de efecto inveranero. La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril, pero se encuentra estancada en el Senado.

Los republicanos, tambien han votado en contra de las restricciones federales sobre contaminates convencionales del agua y del aire en 28 ocasiones, señalaron ambos legisladores. Los demócratas también contaron 27 ocasiones “en las que se socavó la protección de tierras públicas y áreas costeras”, incluida la aprobación en mayo de un proyecto para permitir el arrendamiento en las costas este y oeste de los Estados Unidos. El promotor de la iniciativa, el republicano Doc Hasting, presidente del Comité de Recursos Naturales, dijo que esto triplicaría la producción actual de petróleo y gas en las aguas nacionales.

Markey contrastó el alto nivel de unidad de los republicanos en los temas ambientales y su alto nivel de desacuerdo para el tema de la deuda: “Mientras los representantes republicanos no son capaces de ponerse de acuerdo en cómo destruir nuestra economía, sí lo están en su compromiso de destruir nuestro medio ambiente”, señaló.

Vía: Ny Times

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La misiva, firmada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), El Poder del Consumidor, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), el Centro de Transporte Sustentable (CTS) y la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala que los recursos que PEMEX requiere para reducir el contenido de azufre del Diesel serían de aproximadamente 4 mil millones de dólares para cumplir al 2014 con la distribución de dichos combustibles, mientras que los beneficios totales de contar con combustibles limpios, evitar muertes, casos de bronquitis crónica y días perdidos de trabajo, serían de más de 9,000 millones de dólares. A esto habría que agregar los beneficios por el aumento de competitividad del sector transporte, así como las externalidades ambientales positivas que se generarían. Esto quiere decir que la relación costo/beneficio deja claro que se trata de una inversión altamente benéfica para el país.

Las organizaciones firmantes impulsan la implementación de un paquete normativo para contar con transporte eficiente en México, el cual incluye la actualización de las normas 042 y 044 de control de contaminantes criterio, así como la publicación de normas de eficiencia vehicular, que requieren para su mejor funcionamiento e instrumentación de la distribución del Diesel UBA, lo que redundaría en beneficios ambientales, de salud pública, de competitividad y de lucha contra el cambio climático.

En términos de salud y calidad de vida, los vehículos que consumen diesel sucio son los principales responsables de la emisión de partículas contaminantes (PM10 y PM2.5), las cuales están relacionadas con el aumento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y algunos tipos de cáncer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 9,300 muertes al año en México están asociadas con la mala calidad del aire.

• De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología (INE) la reducción en el contenido de azufre en gasolina y diesel de uso vehicular, en conjunto con la introducción de nuevas tecnologías vehiculares, evitaría aproximadamente permitiría evitar aproximadamente 63 mil muertes, 270 mil casos de bronquitis crónica, 15 millones de días de trabajo perdidos y 136 millones de días de actividad restringidas por enfermedades respiratorias en los 24 años del inicio del cumplimiento de las normas mencionadas, lo que traerá importantes ahorros económicos.

En términos económicos, la distribución del Diesel UBA y el cumplimiento de dichas normas, ayudarán a la modernización del sector transporte, permitiendo su armonización con los mejores estándares mundiales en la materia. Asimismo, contar la distribución de Diesel ayudará a tener flota vehicular más eficiente, especialmente de vehículos pesados, lo que se traducirá en un menor consumo de combustibles, lo que a su vez contribuirá a la seguridad energética del país e incluso a un ahorro para las finanzas públicas porque se reduciría la importación de dichos combustibles. Por el contrario, no contar con este paquete de normas para la calidad de combustibles colocaría a México en una posición de rezago en su nivel de competitividad internacional, además de que el país seguiría desperdiciando combustible y generando mayor contaminación.

El documento enviado al presidente Calderón señala que, de acuerdo a los compromisos establecidos por el presidente en la lucha contra el cambio climático, el cumplimiento de la NOM-086 resulta fundamental pues promoverá la entrada de mejores tecnologías para el transporte (la segunda fuente de emisiones de GEI en el país), lo que permitirá un mayor rendimiento del combustible, y por consiguiente la reducción de GEI, principales causantes del cambio climático lo que contribuirá al cumplimiento de las metas de mitigación que México ha establecido ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático e incluso con lo que ha sido plasmado en el Programa Especial de Cambio Climático y el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Sandra Guzmán, coordinadora del Programa Aire y Energía de CEMDA, señaló que “existe un compromiso expreso del presidente Felipe Calderón para mejorar la calidad de los combustibles, y es necesario que el gobierno federal a través de PEMEX cumpla con la NOM 086 para lo cual la Secretaría de Hacienda debe otorgar los recursos necesarios, pues cada año de retraso en el cumplimiento de la norma, aumenta el número de muertes en nuestro país por la mala calidad del aire y retrasa la mejora de nuestro sector transporte haciéndolo cada vez más contaminante”.

Cabe señalar que desde 2007, las organizaciones firmantes han enviado diversas misivas al presidente Calderón solicitando el cumplimiento de la Norma 086 y la distribución del Diesel UBA. La última carta le fue enviada el pasado 17 de marzo de 2011.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una organización civil apartidista que promueve el derecho a un medio ambiente sano y la protección ambiental, cuyo trabajo- sumado al de muchos otros actores- contribuye a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de políticas públicas, el fortalecimiento de la legalidad y el estado de derecho. Todo esto con el propósito de lograr mejores condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza.

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La anterior norma había sido publicada en 2001 y en ella aparecían 372 especies en la categoría de peligro de extinción, en la de 2010 aparecen 500 especies, lo que significa un aumento del 34 por ciento.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), México estaba colocado en el quinto lugar del mundo en cuanto a animales y plantas en riesgo, por especies en peligro crítico, y en peligro y amenazadas, con 897 especies. Lo anterior, sólo por debajo de Ecuador que cuenta con dos mil 208 especies, Estados Unidos con mil 192, Malasia con mil 141 e Indonesia con mil 87 géneros.

En este enlace pueden encontrar la NOM-059 tal cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010.

A partir de la página 20 encontrarán el listado de especies. En todas viene la orden a la que pertenecen, así como la familia, el genero y su especie. También  incluye el nombre como comúnmente se les conoce. Luego verán la categoría. Son tres las categorías:

Las especies en peligro de extinción están identificadas con la letra P, las que están amenazadas con la letra A y las sujetas a protección especial con la letras Pr, siendo las que pertenecen a la primera categoría las que están más amenazadas.

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Las autoridades capitalinas están poniéndose las pilas. A principio de este mes, el Gobierno del Distrito Federal lanzó la licitación para enverdecer el gris Viaducto. Aprovechando toda el área central cubierta de concreto, se hará una especie de azotea verde para los tubos que conducen el viejo río.

Y por otro lado, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, ya aprobó en comisiones descuentos en el predial para propiedades con áreas verdes.  Se dotará descuentos de 10%, 25% y hasta 50% en el pago del impuesto predial.

Se otorgará 10% de descuento a quienes realicen la naturalización del techo de su casa habitación y deberán presentar una constancia expedida por la Secretaría del Medio Ambiente para comprobar que cumplan con las normas adecuadas.

El descuento de 25% se aplicará a quienes cuenten con árboles adultos, vivos, sembrados directamente al suelo o con áreas verdes en al menos una tercera parte de su terreno.

Quienes cuenten con predios considerados ejidos o bienes comunales que sean explotados totalmente para fines agropecuarios, tendrán derecho a un descuento de 50% en el pago del impuesto predial.

Buenas noticias para la Ciudad de México a la que todos queremos más verde.

Con información de El Universal (I) y (II)

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El presidente Barack Obama se interpuso este martes en el contaminante idilio de Estados Unidos con el motor de combustión interna al anunciar una serie de nuevos estándares para las emisiones contaminantes y el consumo de combustible de vehículos. Normativa que supone un giro radical con respecto a la Administración Bush al asumir el objetivo de lograr para el 2016 una flota de coches y camiones ligeros un 40 % más limpia.

Con profundas implicaciones industriales, al imponer vehículos más pequeños y ecológicos, la Administración Obama obligará a que los fabricantes produzcan para el 2016 modelos con un consumo medio de 15 kilómetros por litro de combustible. Lo que supone un adelanto de cuatro años a lo previamente planeado. Además, se aspira a lograr una reducción de 900 millones de toneladas métricas en las emisiones de CO2.

Leer en ABC…

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22 de abril de 2009

C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Presente

Las instituciones abajo firmantes nos dirigimos a usted respecto a la iniciativa de Ley General de Turismo aprobada el día 15 de abril del año en curso por la H. Cámara de Diputados, la cual carece de medidas suficientes para garantizar la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y del medio ambiente de nuestro país, así como la participación ciudadana.

Un ejemplo de lo anterior es el artículo 28 de esta iniciativa de ley la cual resulta inconstitucional, ya que en los ordenamientos turísticos que plantea se otorgan facultades de los municipios a los Estados, lo que se contrapone al Artículo 115 constitucional, fracción V. No estamos en contra del turismo, lo que queremos es que los senadores la modifiquen en beneficio del patrimonio cultural y natural de México.

Es importante reiterar que los recursos naturales son la base de la industria turística en nuestro país, por lo que la legislación de dicha actividad debe reflejar esta realidad y asegurar la integridad de los ecosistemas y por ende la sostenibilidad del turismo.

Debido a que la iniciativa ahora está en manos del Senado de la República, consideramos necesario que se revise lo siguiente:

• Incorporar un apartado específico que proteja nuestro patrimonio cultural, con base en los acuerdos suscritos por México en la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, la Carta de Bruselas o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, entre otros aplicables. Además de considerar los posibles efectos sobre la cultura viva de las comunidades que reciben grandes cantidades de turistas. Es necesario que en este punto exista corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales.

• Incluir la participación del INAH y de reconocidos especialistas en protección del patrimonio arqueológico y antropológico, como integrantes del Comité Técnico y en los Consejos Consultivos que plantea la iniciativa de Ley, con derecho no sólo a voz sino a voto, para la confección de las políticas públicas y los ordenamientos turísticos del territorio, así como para la aprobación de proyectos turísticos en todos los casos relacionados con monumentos y zonas arqueológicos.

• Incorporar un artículo que expresamente estipule que “en todo lo referente a monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos se estará a lo dispuesto a la Ley en la materia”.

• Garantizar el derecho de las comunidades para decidir en torno a cualquier tipo de proyecto de desarrollo turístico que les afecte o que tengan consecuencias sobre sus recursos, territorios, formas de vida y costumbres.

• Establecer la obligatoriedad de que las instancias de gobierno realicen los estudios de impacto ambiental, económico, social y cultural de todos los desarrollos turísticos a realizarse en el país, particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental, como las costas, o social, como las zonas indígenas.

• Modificar el artículo 28 de la iniciativa de Ley a efecto de que los ordenamientos turísticos locales sean expedidos por los propios municipios y no por los Estados, de lo contrario es inconstitucional pues se contrapone al artículo 115 fracción V de la Carta Magna.

• Establecer mecanismos que garanticen un turismo sustentable y analizar la viabilidad técnica jurídica, económica y social de la iniciativa de Ley.

• Considerar la responsabilidad del Sector Turismo frente a los efectos del cambio climático, a fin de que adopten las medidas necesarias para coadyuvar a su mitigación, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el establecimiento de medidas de adaptación del Sector a las consecuencias de este fenómeno.

• Replantear los objetivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), a fin de que se convierta en una verdadera agencia de fomento integral del turismo (en los términos de un turismo sustentable que refleje beneficios no sólo para los desarrolladores sino también a las respectivas regiones y poblaciones), y por lo tanto evitar que siga actuando como una agencia inmobiliaria que vende terrenos a bajo precio, construye y gestiona proyectos, sin permisos ambientales.

Por lo anterior lo exhortamos a revisar la iniciativa de Ley General de Turismo y hacer las modificaciones necesarias para evitar que sea una ley depredadora y que ponga en riesgo el patrimonio cultural, arqueológico, ambiental y por tanto social de nuestro país.

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