Frente a la continua degradación del medio ambiente en México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) junto con sus contrapartes ha solicitado hace seis meses la actuación de la CNDH para respaldar casos de flagrantes violaciones ambientales que afectan a derechos humanos de comunidades enteras, sin que hasta el momento se haya obtenido una respuesta efectiva de dicha institución.

En relación al alto grado de contaminación que sufre la Cuenca del Alto Atoyac, el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. y el CEMDA presentaron una queja ante la CNDH el 29 de julio de 2011 en la cual se denuncian violaciones a derechos humanos de las comunidades que viven en 5 municipios a lo largo del Río Atoyac en los estados de Tlaxcala y Puebla, causadas por la reiterada y continua contaminación ambiental de empresas y municipios. Dicha contaminación, permitida y ocasionada por el estado. En la región se han presentado casos graves de enfermedad (leucemias, insuficiencia renal, púrpura trombocitopenica) y fallecimientos, sobre todo en jóvenes entre 16 y 22 años, teniendo entre sus principales causas los residuos tóxicos y orgánicos que se arrojan a la cuenca del Alto Atoyac.

El Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontró graves daños genotóxicos en las células de los pobladores de la zona, que muestran cómo la contaminación de la cuenca ha causado daños a la población 5 veces más grandes que aquellos que tiene la población del Distrito Federal.

A pesar de la denuncia puntual de estos hechos y de las pruebas documentales presentadas, hasta el momento la CNDH no ha actuado con la debida diligencia, puesto que notificó el acuerdo de admisión de la queja más de 4 meses después de su presentación y a la fecha, 6 meses después de haber recibido la queja, la CNDH no ha exigido a las autoridades presuntamente responsables la presentación de su informe sobre los hechos y no ha realizado las investigaciones correspondientes para la resolución del asunto.

Alejandra Méndez Serrano, subdirectora  del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. señaló que “a causa de estos hechos y de la falta de actuación puntual de los visitadores de la CNDH, nos vimos obligados a presentar ante el Órgano Interno de Control una Queja en contra de los abogados responsables del caso, con el objetivo de que se le de la diligencia adecuada para integrar el expediente y obtener la pronta y expedita intervención de la CNDH frente a estas graves violaciones de derechos humanos”.

En el caso de la construcción del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, CEMDA solicitó en octubre de 2011 a la CNDH medidas cautelares para detener el avance de la obra, dado que el gobierno de Guillermo Padrés Elías ha desacatado las órdenes de un juez federal de suspensión de la misma, que han sido emitidos a lo largo del 2011, a pesar de incluso haber sido apercibido con el uso de la fuerza pública en caso de incumplimiento.

El Acueducto Independencia pretende sustraer ilegalmente y con afectaciones al medio ambiente aguas del Río Yaqui para trasladarlas al Río Sonora, lo cual generará alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra atraviesa un área de alta fragilidad ambiental, considerada Área Natural Protegida decretada bajo la categoría de Zona sujeta a Conservación Ecológica, denominada “Sistema de Presas Abelardo L. Rodríguez- El Molinito.

A pesar de todo lo anterior, la autoridad responsable, Fondo de Operación de Obras Sonora SI, decidió seguir adelante llevando a cabo el levantamiento topográfico, la mecánica de suelo, el proyecto ejecutivo del trazo por donde se colocará la tubería y otras actividades. ”Dado que las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de los fines del proceso, por definición se requiere que se dicten de manera pronta y expedita. A la fecha han transcurrido tres meses desde que fueron solicitadas ante la CNDH, tiempo en el cual se continúa construyendo de forma ilegal la obra, lo cual impedirá que en caso de ganarse el juicio se puedan detener los impactos negativos que el Acueducto tendrá, dado que la obra ya estará construida” señaló Andrea Cerami, abogado del CEMDA, quien añadió: “Instamos la CNDH a actuar expeditamente en el marco de sus competencias frente a las flagrantes violaciones al derecho a un medio ambiente adecuado y a otros derechos humanos”.

Ver queja presentanda ante la CNDH

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El hermoso barco de 50 metros de largo por 10 de alto, tiene entre sus características un sistema de tratamiento de agua y de recolección de desechos para que nada contaminante sea tirado al mar. Además cuenta con un sistema para reducir las emisiones de carbono y filtros en las ventanas que bloquean el calor, reduciendo así la necesidad de aire acondicionado.

“Creo en el respeto al mar y a la naturaleza en lo general es una obligación para todos y para aquellos que navegamos y que amamos el mar sobre todas las cosas. Y los peligros del calentamiento global nos recuerdan que debemos hacerlo cada día, cada vez con mayor urgencia”, dijo el millonario italiano en entrevista para el The Independent inglés.

Todo lo relacionado con el yate de 24 millones de euros es tan iconoclasta como el pelo salvaje propietario, presidente del imperio de la moda del mismo nombre que comenzó en 1965, cuando entregó las muestras de tejidos de punto de su hermana en bicicleta. Tribú también es el yate más grande jamás construido en Mondo Marine, un astillero de 30 años de edad, en Savona, Italia. Diego Deprati, director general de Mondo Marine, dijo que la compañía ahora anima a todos sus clientes a cumplir con las normas de certificación ambiental. “Es realmente el camino hacia el futuro”.

Debido a Benetton encargó la nave con la idea de explorar lugares remotos del mundo, fue construido con un casco de acero y una superestructura de aluminio capaz de soportar prácticamente cualquier cosa que podría suceder en el mar. “Quería un SUV de alta mar”, dice Dini.

Tribú, que se completó en julio de 2007, ofrece la posibilidad de escapar sin límites al hombre que ha sido jefe del negocio de su familia desde hace 40 años. Actualmente la empresa cuenta con 5.000 tiendas en 120 países.

Vía: Vivaelsur.mx

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El reporte aborda el cambio climático y la degradación ambiental desde el punto de vista del desarrollo económico y la erradicación de la pobreza. Cada región, señala el reporte, enfrentará retos específicos entre el día de hoy y el año 2050, advierte el reporte, pero la mayoría de ellos estarán vinculados con las complicaciones ambientales que se derivan del cambio climático. 

Las naciones del África subsahariana sufrirán de graves desigualdades si se cumplen los peores escenarios. La mayor parte de la población en África depende de los recursos naturales para subsistir y carecen de medios para enfrentar los riesgos ambientales (como la contaminación del aire y del agua) y los eventos climáticos.

Asía, el mayor generador de gases de efecto invernadero en los últimos 10 años, está resintiendo ya los efectos de la contaminación, señala el reporte. Las emisiones de dióxidos de sulfuro producto de las plantas de energía a base de carbón en China, contribuyen al smog y a la lluvia ácida, que actualmente y han causado la muerte de 300 mil personas y provocado 20 millones de casos de enfermedades respiratorias al año.

Las naciones costeras del Pacífico son las más vulnerables al incremento en el nivel de los mares asociado con el calentamiento global. Más de 100 millones de personas están en riesgo, señala el estudio. Para 2050 Bangladesh habrá perdido el 11 por ciento de su superficie, lo cual se estima afectará a 15 millones de personas.

En Europa del este y Asia central, las presiones ambientales como es la contaminación del aire podrían minar el progreso económico .

En los estados árabes, el 60% de los pobres sufren de problemas con el suministro de agua, la región tiene un consumo de agua muy por encima de los niveles de sustentabilidad. Las naciones árabes sufren de la mayor contaminación urbana y tienen la mayor dependencia de combustibles fósiles, señala el estudio.

Por otra parte, el estudio señala que en América Latina y en el Caribe, la población está muy conciente de la cambio climático: 95 por ciento de los encuestados señalan que el calentamiento global es una seria amenaza ambiental, esto comparado contra un promedio de 68% a nivel mundial.

El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas argumenta que los urgentes retos globales en materia de sustentabilidad y de equidad se deben enfrentar de una manera conjunta. Además propone varios caminos mediante los cuales los países desarrollados pueden ayudar a los que se encuentran en desarrollo para reducir sus emisiones, uno de ellos es el establecer un impuesto sobre las divisas internacionales para llevar electricidad a los 1.5 miles de millones de personas en el mundo que no cuentan con ella.

Fuente: The New York Times y Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas

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La cuenca del Volga alberga y alimenta a 39 regiones, en las cuales vive el 40% de la población de Rusia.; ahí se encuentra casi la mitad de la producción agrícola e industrial del país. Además, el río produce 40 mil toneladas de pescado al año, genera una cuarta parte del total de la energía Hidroeléctrica en Rusia y por él se transportan 50 millones de toneladas de carga y 80 mil pasajeros al año. Tan solo en la llanura de inundación del río Volga-Akhtuba, con una extensión de 30 kilómetros de ancho y 100 kilómetros de largo, existen 50 aldeas y 40 mil personas.

Si bien hay evidencia de que el Volga tiene una naturaleza cíclica, los científicos no han podido determinar con precisión las causas de estos ciclos. En lo que coinciden todos los expertos, es que la actividad humana es un factor determinante en ello. La reducción del riego en estas llanuras, debido a la disminución en el cauce del Volga, puede transformar en un desierto esta área fértil.

Un factor que podría explicar el agravamiento en los ciclos del Volga es la utilización indiscriminada de sus recursos hídricos para actividades industriales, lo que ha llevado a una reducción en su volumen en más de un tercio. Una situación similar ya sucedió a mediados del siglo pasado, durante la época soviética, desapareció el Mar de Aral, un mar interior, debido a que fue redireccionado para el cultivo de algodón.

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“Este año no comenzó bien para los flamingos. Cuatro mil nidos de parejas en reproducción en la colonia en Gediz Delta fueron destruídos por perros. Miles de polluelos de flamingo no pudieron salir del cascarón. La esperanza más fuerte era Tuz Gölü”, señaló Süreyya İsfendiyaroğlu, investigador de aves y coordinador científico en Döga Derneği (Asociación Naturaleza).

Efectivamente, en el lago este año los censos han contabilizado 16 mil flamingos jóvenes -un récord para el Mediterráneo y la región oeste de África-, según informó İsfendiyaroğlu. En 2008, en Tuz Gölü, debido a las pocas lluvias y los cauces desviados hacia presas, solamente fueron incubados mil huevos.

Sin embargo, los flamingos no se encuentran fuera de peligro aún. Las lluvias intensas de este año fueron sólo un respiro para el lago; los últimos 18 años había disminuido en 60 por ciento debido al cambio climático, las presas y la sobre explotación de aguas subterráneas, informó el diario Today’s Zaman. A principio de este año, WWF Turquía reportó que la mitad de las 2.5 millones de hectáreas de humedales en el país se habían perdido en los últimos 40 años debido al mal manejo de agua y su contaminación.

Tuz Gölü está particularmente amenzado por los planes de expandir las zonas de producción de sal en el lago, según informó Semih Ekercin, profesor de ingeniería en la Universidad de Aksaray. “La reciente recuperación de la reserva de agua en el lago es gracias a las lluvias récord. Pero las fuentes de agua en la región no están bien administradas”, señaló. “La presa que se construyó recientemente en el río Peçeneközü, la última fuente de agua superficial del lago, ha debilitado la reserva de agua del lago”. Debido a esto, señaló, incrementar la producción de sal podría dañar de manera irreparable el balance ecológico del lago, acabando con otro refugio seguro para los flamingos en Turquía”.

Vía: Treehugger

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Durante 14 meses, la UNEP examinó más de 200 locaciones, inspeccionó 122 kilómetros de oleoducto, revisó 5 mil expedientes médicos y se comunicó con más de 23 mil personas en mítines de las comunidades locales. Más de cuatro mil muestras fueron analizadas, incluidas 142 de aguas subterraneas y 780 de suelo.

Los resultados arrojaron que algunas zonas que parecen no haber sido afectadas están en realidad severamente contaminadas. Esto hace urgente que se tomen medidas para reducir riesgos para las comunidades afecadas y proteger su salud. En al menos 10 comunidades Onogi, el agua potable está contaminada por altos niveles de hidrocarburos. Por ejemplo, en una comunidad localizada al oeste de la zona, las familias beben de pozos contaminados con benceno -sustancia cancerígena. Los niveles encontrados están 900 veces por encima de la norma aceptada por la Organización Mundial de la Salud.

También se encontró la presencia de una capa de 8 centímetros de petróleo refinado flotando en las aguas subterraneas que sirven como pozos; se vincula esto a un derrame sucedido hace más de seis años en la región.

El trabajo de recuperación en la zona requerirá de tecnología de punta para limpiar la tierra y el agua, mejorar el monitoreo ambienta y la regulación, acciones coordinadas entre el gobierno, los Ogoni, y las industrias petroleras.

Fuente: Programa Ambiental de las Naciones Unidas

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Los legisladores señalaron que la actual legislatura ha hecho más por obstruir las protecciones para el medio ambiente que ninguna otra. Los republicanos han argumentado que las regulaciones ambientales que han detenido son una carga excesiva y lastiman la economía y la cración de empleos.Edward Markey, integrante del Comité de Recursos Naturales, dijo que la agenda republicana es un rifle “apuntando directo al corazón del futuro de la energía limpia en América”.

Entre los proyectos que los republicanos han impulsado están severos recortes a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y al Departamento del Interior, así como númerosas restricciones a estas instancias en materia de regulaciones ambientales. Además, señalaron los representantes demócratas, la Cámara baja ha votado en 20 ocasiones contra regular las emisiones vinculadas al cambio climático. Eso incluye 10 votaciones realizadas durante la discusión del proyecto ley (H.R. 910) patrocinada por el presidente del Comite de Energía y Comercio, el republicano Fred Upton, que podría de manera permanente atar a la EPA y su autoridad para regular los gases de efecto inveranero. La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes en abril, pero se encuentra estancada en el Senado.

Los republicanos, tambien han votado en contra de las restricciones federales sobre contaminates convencionales del agua y del aire en 28 ocasiones, señalaron ambos legisladores. Los demócratas también contaron 27 ocasiones “en las que se socavó la protección de tierras públicas y áreas costeras”, incluida la aprobación en mayo de un proyecto para permitir el arrendamiento en las costas este y oeste de los Estados Unidos. El promotor de la iniciativa, el republicano Doc Hasting, presidente del Comité de Recursos Naturales, dijo que esto triplicaría la producción actual de petróleo y gas en las aguas nacionales.

Markey contrastó el alto nivel de unidad de los republicanos en los temas ambientales y su alto nivel de desacuerdo para el tema de la deuda: “Mientras los representantes republicanos no son capaces de ponerse de acuerdo en cómo destruir nuestra economía, sí lo están en su compromiso de destruir nuestro medio ambiente”, señaló.

Vía: Ny Times

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La semana pasada se realizó en Londres, Inglaterra, las 62ava. sesión del Comité de Protección al Ambiente Marino de la Organización Marítima Internacional de las Naciones Unidas (IMO, por sus siglas en inglés). Durante los trabajos, la IMO adoptó medidas obligatorias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del transporte marítimo internacional. Entre las regulaciones se contempla que las embarcaciones mayores a 400 toneladas que se construyan a partir de 2013 deberán mejorar su eficiencia en 10%, elevándola a 20% entre 2020 y 2024, para alcanzar un 30% en las que entren en funcionamiento después de 2024. Se espera que esto disminuya las emisiones de gases de efecto de invernadero del transporte marítimo de mercancías entre 45 y 50 millones de toneladas por año para el 2020.

Asimismismo, se realizaron otras enmiendas a la Convención Internacional para la Prevenir la Contaminación por Buques (MARPOL), con el fin de designar al Caribe estadounidense -algunas de las aguas adjacentes a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes- como una nueva área de control de emisiones de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otras partículas contempladas en el MARPOL en su anexo relativo a la contaminación del aire. También se designó al Mar Báltico como zona especial en contaminación por aguas residuales procedentes de embarcaciones. Por otra parte, se acordó un plan de trabajo para actuar ante las repercuciones del negro de carbono en el Ártico y encontrar las medidas apropiadas de control para reducir los impactos de las emisiones de negro de carbono del transporte marítimo internacional.

Estas medidas son muy importantes, actualmente la emisión de CO2 por parte del transporte marítimo aclanza entre el 3 y el 4% del total de emisiones producidas por el hombre. De no tomarse acciones esta cifra podría alcanzar en 2020 el 6% y doblarse para el año 2050. Esta es la primera regulación en la materia, históricamente, los dueños de embarcaciones se habían resistido a cualquier intento de poner reglas sobre el tema, a pesar de las presiones de grupos ambientalistas y grupos reformadores al interior de la propia industria.

Fuentes: IMO y The Guardian

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Foto: Michele Molinari, con Licencia CC

El gobierno federal mexicano tiene una docena de programas de subsidios a la pesca, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011 sumaron 3 mil 545 millones de pesos. Estos programas (como todos los que van destinados al campo) están agrupados en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. El Programa Especial Concurrente, a su vez, está dividido en varios componentes, que se rigen por las Reglas de Operación que la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) publica cada año.

En el componente que se refiere al Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura se incluyen los recursos para acuicultura y similares y de competitividad, que buscan “incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas pesqueras y acuícolas a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégicos para equipamiento e infraestructura”. Estos programas suman 925 millones de pesos.

También se contempla un fondo de electrificación para granjas acuícolas, con 190 millones de pesos, y un programa de Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero, que busca reducir el consumo de combustible de las embarcaciones. Este último tiene un presupuesto de 520 millones de pesos. Además, para el ejercicio fiscal de 2011 se etiquetaron recursos por 50 millones de pesos, que buscan aprovechar mejor la diversidad genética de la pesca.

En México hay un apoyo muy fuerte a los pescadores para que el dinero no se les vaya todo en combustible. En sus dos vertientes, de diésel marino y de gasolina ribereña, contempla un gasto de 800 millones de pesos. Los hombres de mar mexicanos cuentan también con una garantía contra fenómenos adversos, de 150 millones de pesos, y con un fondo para el desarrollo de mercados para su producto de 20 millones de pesos.

Dentro del programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales se establecen además dos programas. El primero, de Disminución del Esfuerzo Pesquero, cuenta con un presupuesto de 250 millones de pesos y busca “el retiro voluntario de embarcaciones que integran la flota mayor”. El segundo, de ordenamiento pesquero y acuícola, cuenta con 300 millones de pesos para generar instrumentos y mecanismos de regulación de las pesquerías y para “inducir el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”.

Además, hay varios programas que, aunque no van destinados explícitamente a la pesca, sí la afectan. Es el caso, por ejemplo, de los recursos para sanidad animal, o los de vigilancia del mar, que no van directamente etiquetados para el mar, pero de los que gozan quienes trabajan en las aguas nacionales.

La clasificación de algunos de los programas según las categorías que propuso el equipo de UBC es relativamente fácil. Así, por ejemplo, el programa de subsidio al Diésel Marino es claramente malo, y el de Disminución del Esfuerzo Pesquero, que además de retirar permisos y concesiones implica el desmantelamiento del barco, es obviamente bueno. Sin embargo, muchos otros son más bien feos, y hay que ir caso por caso para saber cuál es su efecto real en el mar.

La urgencia de decidir qué subsidios mantener, cuáles transformar y cuáles eliminar se hace patente al ver el estado de las pesquerías mexicanas –además, por supuesto, del estado general de las poblaciones de pescadores en términos de pobreza y potencial desperdiciado–.

Otros artículos de la serie:

I. La tragedia de los comunes

II. La triada tóxica de Pauly

III. Los subsidios según UBC

IV. ¿Qué es, y qué no, un subsidio?

V. ¿Qué permitir y qué prohibir?

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Foto: Eugenio Fernández Vázquez con licencia CC

La industria de la pesca no es un monolito. Al contrario, bajo esa etiqueta se incluyen actividades tanto en agua dulce como en agua salada, y en tierra, como es el caso de la acuacultura. Los productos que se obtienen de esas distintas aguas también son muy variados: incluyen desde especies con tasas de reproducción tan altas que puede pescarse el 90% de una población sin amenazar su supervivencia, como el camarón, hasta especies de reproducción muy baja y con pocas esperanzas de sobrevivir a las amenazas, como algunas especies de tiburón.

Tampoco la población pesquera es homogénea: como pescadores se identifican tanto las grandes corporaciones que pescan en todos los mares, con flotas enormes, acciones que se venden en varios pisos de remate y miles de trabajadores, como las empresas familiares o los trabajadores del mar por cuenta propia. No es homogéneo ni siquiera el mar del que sacan sus productos: no es lo mismo la pesca de artes menores, que se hace a algunos centenares de metros de la playa, que la pesca de altura, que se hace a muchos kilómetros del litoral. Los artes o instrumentos que se usan para pescar son también distintos, y una tarraya como las usadas por los pescadores a pie de ola no puede entrar en la misma categoría que la pesca de arrastre de grandes profundidades. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta al hacer la evaluación de un subsidio a la pesca.

1. ¿Qué se pesca?

Al decidir si un subsidio se parece al bueno de Clint Eastwood o al malo de Lee van Cleef, por seguir con la metáfora del equipo de UBC, uno de los elementos a tomar en cuenta es qué se pesca y cuáles son sus condiciones biológicas. También es importante revisar cuál es el estatus legal de esa especie (¿está protegida? ¿su comercio está permitido?, por ejemplo).

Un subsidio que apoya la pesca de especies protegidas por la legislación del país en cuyo territorio se pesca, o que a pesar de su alta movilidad son parte del ecosistema del litoral de dicho país, no debería ser autorizado. Lo mismo pasa con la legislación internacional: los subsidios a especies en la lista de CITES, o en estados de “en peligro” a “extinta” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no deberían estar permitidos.

Lo mismo ocurre con el estado de una pesquería o de un banco. Si un estudio validado por gobiernos u organizaciones internacionales (los estándares a los que se someta la evaluación deben ser validados por los actores involucrados) estima que una pesquería está explotada hasta el límite de su capacidad o más allá de él, no deberían autorizarse fondos gubernamentales para mantener artificialmente vivas las actividades que se desarrollan en ella.

2. ¿Quién pesca?

Casi todos los acuerdos internacionales contemplan un “trato especial y diferenciado” para los países en desarrollo o los países menos desarrollados. Siguiendo esa línea, hay que tener en cuenta quién recibe el subsidio, y quién lo otorga. No es lo mismo un subsidio otorgado por el gobierno de un país en desarrollo, o en una economía pequeña y vulnerable, o por una organización internacional a un país en desarrollo, que los fondos desembolsados por un país desarrollado y con una economía sólida con la capacidad para absorber a quienes dejen el sector.

Tampoco es lo mismo quién, dentro de cada país, recibe el subsidio. Una cosa es financiar la pesca artesanal o de bajura, mantener vivas ciertas comunidades pesqueras por valores que se les otorgan –desde productivos hasta culturales o estéticos– y otra es financiar, de una u otra forma, las actividades de las grandes corporaciones pesqueras.

Foto: Lorenzo Maddalena, con licencia CC

3. ¿Dónde se pesca?

Un factor que no es nada fácil de determinar es hasta dónde debe llegar la regulación de los subsidios. Los ecosistemas no tienen fronteras claramente definidas, y mucho menos los mares, que interactúan permanentemente y forman un tejido biológico que cubre el planeta entero. Sin embargo, los países sí tienen límites, aunque la soberanía con que ejerzan su autoridad en esos límites está a discusión.

No sólo debe tomarse en cuenta dónde se realiza la pesca y bajo la autoridad de quién (la zona económica exclusiva de un país, una zona bajo la tutela de una organización reguladora regional, aguas internacionales). Además, debe tenerse en consideración si esa pesca es de altamar, si está antes o después del final de las plataformas continentales y si tiene otra serie de características que distinguen esa área específica.

4. ¿Cómo se pesca?

Distintas formas de pesca tienen distintos impactos ambientales. No es lo mismo la pesca de cerco que la de arrastre, y una red no es lo mismo que otra. Hay ciertas formas de pescar claramente destructivas que no deben ser subsidiadas, si queremos seguir comiendo pescado y gozando de los servicios ambientales de la biodiversidad marina.

Hay, por ejemplo, amplio acuerdo sobre la necesidad de eliminar las redes de deriva y la pesca de arrastre. Una forma de hacerlo sería eliminar los subsidios que se les otorgan. Lo mismo ocurre con aquellas técnicas de pesca que, aunque tengan aparatos y aparejos aparentemente sustentables, por la forma en que se usan dañan el ecosistema. La pesca con líneas no es mala en sí, pero puede ser desastrosa dependiendo de la carnada que se uso y el cuidado que se ponga en su despliegue.

Y a todo esto, ¿México dónde está parado? Eso lo veremos en el siguiente y último artículo de la serie.

Otros artículos de la serie:

I. La tragedia de los comunes

II. La triada tóxica de Pauly

III. Los subsidios según UBC

IV. ¿Qué es, y qué no, un subsidio?

y VI. ¿Qué pasa en México?

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2. La pesca, los subsidios y el colapso III: los subsidios según UBC
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