Megaproyecto de parque solar Ticul A y B con irregularidades en proceso de consulta

Escrito por México haz algo en Energía 7 noviembre 2019

Este martes se realizó una conferencia de prensa en Mérida, Yucatán, en la que comunidades indígenas y campesinos, acompañados por representantes del CEMDA, denunciaron que en el megaproyecto de parque solar Ticul A y B, de la empresa Vega solar, se han detectado irregularidades. Además de que, entre otras afectaciones ambientales, se deforestarán más de 600 hectáreas de selva.

Las asambleas informativas y la consulta indígena sobre el proyecto, no ha cumplido con el carácter previo, libre, informado, de buena fe y culturalmente adecuado que deben tener las consultas a pueblos indígenas. En este sentido, informaron, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) participó como observador internacional en el proceso de consulta de la SENER y emitió observaciones y recomendaciones sobre las deficiencias del ejercicio.

Las comunidades precisaron que la consulta no fue culturalmente adecuada, pues no se tuvo traducción e interpretación completa y adecuada a la legua maya. También las señalaron que las autoridades pidieron el uso del correo electrónico para enviar preguntas, lo cual marginó a miembros de la comunidad que no cuentan con Internet, además de que este formato no permitió que las respuestas se socializaran en asamblea.

Explicaron también que la consulta no fue de buena fe, ya que solicitudes, oficios e inconformidades de distintas personas no se atendieron antes de avanzar a la siguiente etapa de la consulta. Por ello, la ONU-DH expresó en varias ocasiones a las autoridades su preocupación de las consecuencias negativas que provocaría el avanzar en el proceso sin atender esta situación.

La consulta, dijeron, también careció de carácter previo, pues se recibió información por parte de la Sener, del gobierno de Yucatán y de la comunidad de San José Tipceh sobre firma de contratos de arrendamiento entre la empresa y ejidatarios de la comunidad antes de que se celebrara la consulta y se obtuviera el consentimiento. También se detectó el pago sobre estos contratos durante el desarrollo de la consulta. “Ambas acciones podrían haber violentado el carácter previo de la consulta y el consentimiento”, destaca la ONU-DH

Estos contratos también habrían vulnerado el carácter libre de la consulta, pues con ellos se generaron diversos intereses y conflictos al interior de la comunidad.

Finalmente, sobre el carácter informado, miembros de la comunidad expresaron no contar con la información necesaria y clara sobre sus derechos. Asimismo, dijeron que la información era de un carácter demasiado técnica y no contaron con el tiempo suficiente para discutirla de forma amplia.

Los integrantes de la comunidad denunciaron además que se han registrado amenazas contra los inconformes. Por esta razón, dijeron, ya se han presentado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y e ha solicitado el amparo de la justicia federal para que se anulen los contratos de arrendamiento.

Aquí consulta el boletín emitido por el CEMDA.


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