ONGs presentan informe sobre destrucción del patrimonio biocultural de México y transgresión de los derechos de los pueblos indígenas
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. (Litiga OLE), Greenpeace México, A.C., entre otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron el informe sobre la “Destrucción del patrimonio biocultural de México por megaproyectos y ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equiparables” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento fue dirigido a Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH, y su objetivo es evidenciar el patrón sistemático de lesión de derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables por el cual el Estado mexicano fomenta y tolera la destrucción del patrimonio biocultural (PatBio) de México a través del fomento a megaproyectos y por la ausencia de legislación y política pública culturalmente adecuada para estos pueblos, así como dar cuenta del estado actual de violencia física, estructural y simbólica que los pueblos originarios y comunidades equiparables viven a diario en detrimento de sus derechos fundamentales y su patrimonio biocultural.
El informe se encuentra ordenado en seis partes que se mencionan a continuación:
1. Existencia de un patrón sistemático de lesión a los derechos humanos de los grupos étnicos y comunidades equiparables y de destrucción del patrimonio biocultural por parte del Estado mexicano
2. Relación entre el patrimonio biocultural de México y los derechos humanos que a través de él se ejercen
3. Conclusiones
4. Peticiones a la CIDH
5. Peticiones al Estado mexicano
6. Referencias
7. Apéndice
8. Anexos
El texto denuncia la transgresión histórica y actual de los derechos fundamentales de naturaleza colectiva de los pueblos indígenas y comunidades equiparables por parte del Estado mexicano, cuyo efecto es la destrucción del PatBio y la ineficacia absoluta del Estado pluricultural en nuestro país.
Lo anterior se debe a que no existe la garantía para que dichos pueblos puedan ejercer su derecho a consulta previa, en donde la toma de decisiones por parte de las autoridades competentes es arbitraria, valiéndose de leyes e instrumentos jurídicos que afectan directamente los derechos y/o territorio de estos pueblos y comunidades, restándoles valor y provocando efectos apreciables en áreas de los territorios ancestrales, hábitats y PatBio. Esta afectación puede alterar significativamente el modo de vida, es decir, la forma de ser y estar en el mundo de dichos pueblos.
Un ejemplo reciente de este abuso legislativo es la llamada “Reforma Energética”, que tiene como fin promover la industria energética y la extracción de hidrocarburos y gases. Con los cambios legales, la extracción de estos recursos pasó a ser considerada una actividad prioritaria y de interés público, mostrando que estará por encima de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas, campesinos y afromexicanos, así como de la protección y preservación del PatBio, en caso de que surgiera un conflicto con éstos.
La situación se vuelve más grave gracias a la legislación secundaria, que prevé la figura de “ocupación temporal” de las tierras para permitir tal extracción en los territorios ancestrales. Incluso, funcionarios públicos como el Secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), declaró públicamente el año pasado que el 77% de los productores del campo tienen únicamente dos caminos: el primero asociarse en “clusters” de 50 a 100 hectáreas con empresas; y el segundo, convertir la propiedad colectiva (ejidos y bienes comunales) en propiedad privada para su concentración.
Los megaproyectos o proyectos de desarrollo que el Estado y/o las empresas privadas promueven comienzan por las concesiones mineras, las concesiones de agua, las autorizaciones de impacto ambiental, las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, las licencias de construcción, las licencias de cambio de uso de suelo. Todos estos actos administrativos se realizan sin garantizar los derechos a la autonomía y a la consulta previa de los pueblos y comunidades equiparables, ya que estas consultas o no se realizan o tienen lugar cuando la decisión ha sido unilateralmente tomada, siendo que los territorios ancestrales y/o recursos naturales manejados tradicionalmente por estos pueblos son el objeto de apropiación en estos actos.
En México viven 15 millones de indígenas y 10 millones de campesinos, y si bien los territorios de estos pueblos no están reconocidos como tales, su propiedad está organizada en ejidos y bienes comunales, que representan el 51.6% de la superficie continental del país. Esto implica que la mayoría de los proyectos afectan o repercuten en la especial relación que mantienen los pueblos originarios y comunidades equiparables de México con sus territorios ancestralmente manejados.