México haz algo

En semanas recientes, la comunidad maseual que habita los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac; y los náhuat residentes de Zacualpan, ambos pueblos de origen náhuat pertenecientes a los estados de Puebla y Colima, respectivamente, han interpuesto tres demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, denunciando la violación a sus derechos por parte del Estado Mexicano, ya que la Secretaría de Economía aprobó títulos de concesión minera que dañan sus tierras ancestrales.

El pasado mes de marzo, los tres juicios de amparo fueron admitidos por las autoridades judiciales, otorgando la suspensión de las concesiones mineras a favor de los pueblos originarios. El hecho es de gran relevancia, puesto que durante la tramitación de los juicios de amparo, las compañías propietarias de dichas concesiones mineras tendrán prohibido realizar actividades. Las acciones se suman a otras emprendidas por los pueblos wirrarika y el pueblo me´phaa, los que también han interpuesto demandas a fin de defender su territorio de la actividad minera.

Estas acciones jurídicas ponen en evidencia la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en el rubro de la minería. La Ley Minera vigente ha permitido expedir los títulos de concesión, lo que despojaría a los pueblos de sus territorios, favoreciendo así a las compañías mineras. Esto discrimina y viola la Constitución Política y los acuerdos internacionales que obligan al gobierno mexicano a respetar los derechos humanos, especialmente el derecho que los pueblos originarios y comunidades ejercen sobre la autodeterminación y el control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado desde tiempos ancestrales.

La minería es la industria que a nivel histórico más ha impactado a los derechos humanos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, resultando en la presencia de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos. El despojo del territorio a los pueblos originarios de América Latina ha sido alguna de sus consecuencias. Hoy en día, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de modelos de extracción más agresivos, entre ellos la minería a cielo abierto, que eleva a niveles impensables los efectos destructivos.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) ha documentado lo ocurrido en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, demostrando la gravedad de los efectos negativos de la minería, pues sus tierras han sido destruidas a causa de la compañía minera Goldcorp, que ocupa más del 85% del territorio del ejido. Lo poco que no aún no ha sido destruido, ahora está contaminado.

La REMA ha denunciado los terribles efectos que la actividad minera genera en la salud de la población. Muestreos realizados revelan que hasta un 70% de la población de esas regiones presenta afecciones. En algunos casos, la familia entera está enferma. Asimismo, han alertado que la actividad minera funciona como atrayente del crimen organizado. Según la REMA, a ocho años del ingreso de Carrizalillo al progreso minero, su población vive un verdadero infierno, pues hace unos días prácticamente la mitad de las familias fueron desplazadas por cuestiones de violencia, asesinatos y extorsión del crimen organizado.

La dolorosa experiencia ha motivado a otros pueblos a emprender la lucha por mantener sus territorios libres de la actividad minera, siguiendo la tradición de lucha que ha mantenido viva su identidad en los últimos 500 años.

A lo largo de su historia, México se ha cegado ante el hecho de que la diversidad biológica y cultural conviven de forma intrínseca dentro de un mismo espacio geográfico, lo que ha gestado un enorme patrimonio bicocultural (PatBio). Por otra parte, el Estado mexicano es por definición un Estado pluricultural de derecho, significando que la unidad del Estado subyace en la diversidad de los pueblos que lo conforman. Es por eso que las autoridades están obligadas a garantizar el control cultural de los pueblos sobre sus territorios y los recursos naturales que tradicionalmente han aprovechado.

Hay que recalcar que una vez que se modificó la reforma energética, también se agravó la condición de indefensión y vulnerabilidad de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, ya que muchos de sus territorios han sido identificados como áreas potenciales para proyectos extractivos y otras actividades “estratégicas” para el Estado, lo que se traduce en un alto potencial de conflicto social en varias zonas del país.

Los pueblos refrendan su determinación por defender su identidad, derechos y territorio, basados en la organización social y el ejercicio de los recursos legales. Algunos pueblos han ejercido la libre determinación y autonomía mediante actas de asambleas indígenas, ciudadanas, municipales, agrarias y de estatutos comunitarios, rechazando la puesta en marcha de proyectos mineros dentro de sus territorios. Es imperativo que la legislación y la actividad minera cambien, para así anteponer en todo momento el respeto a los derechos humanos establecido en la Constitución.