Carta enviada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.; Greenpeace México; Flora, Fauna y Cultura de México A.C.; el Centro Ecológico Akumal; Defenders of Wildlife México; la Fundación Orígenes Quintana Roo A.C.; Yaxche A.C.; MOCE Yax Cuxtal A.C.; y la Delegación Sindical de Investigadores y Docentes del INAH al presidente Felipe Calderón solicitándole revisar la Ley General de Turismo y hacer las modificaciones necesarias para evitar que sea una ley depredadora y que ponga en riesgo el patrimonio cultural, arqueológico, ambiental y por tanto social de nuestro país.

22 de abril de 2009

C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Presente

Las instituciones abajo firmantes nos dirigimos a usted respecto a la iniciativa de Ley General de Turismo aprobada el día 15 de abril del año en curso por la H. Cámara de Diputados, la cual carece de medidas suficientes para garantizar la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y del medio ambiente de nuestro país, así como la participación ciudadana.

Un ejemplo de lo anterior es el artículo 28 de esta iniciativa de ley la cual resulta inconstitucional, ya que en los ordenamientos turísticos que plantea se otorgan facultades de los municipios a los Estados, lo que se contrapone al Artículo 115 constitucional, fracción V. No estamos en contra del turismo, lo que queremos es que los senadores la modifiquen en beneficio del patrimonio cultural y natural de México.

Es importante reiterar que los recursos naturales son la base de la industria turística en nuestro país, por lo que la legislación de dicha actividad debe reflejar esta realidad y asegurar la integridad de los ecosistemas y por ende la sostenibilidad del turismo.

Debido a que la iniciativa ahora está en manos del Senado de la República, consideramos necesario que se revise lo siguiente:

• Incorporar un apartado específico que proteja nuestro patrimonio cultural, con base en los acuerdos suscritos por México en la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, la Carta de Bruselas o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, entre otros aplicables. Además de considerar los posibles efectos sobre la cultura viva de las comunidades que reciben grandes cantidades de turistas. Es necesario que en este punto exista corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales.

• Incluir la participación del INAH y de reconocidos especialistas en protección del patrimonio arqueológico y antropológico, como integrantes del Comité Técnico y en los Consejos Consultivos que plantea la iniciativa de Ley, con derecho no sólo a voz sino a voto, para la confección de las políticas públicas y los ordenamientos turísticos del territorio, así como para la aprobación de proyectos turísticos en todos los casos relacionados con monumentos y zonas arqueológicos.

• Incorporar un artículo que expresamente estipule que “en todo lo referente a monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos se estará a lo dispuesto a la Ley en la materia”.

• Garantizar el derecho de las comunidades para decidir en torno a cualquier tipo de proyecto de desarrollo turístico que les afecte o que tengan consecuencias sobre sus recursos, territorios, formas de vida y costumbres.

• Establecer la obligatoriedad de que las instancias de gobierno realicen los estudios de impacto ambiental, económico, social y cultural de todos los desarrollos turísticos a realizarse en el país, particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental, como las costas, o social, como las zonas indígenas.

• Modificar el artículo 28 de la iniciativa de Ley a efecto de que los ordenamientos turísticos locales sean expedidos por los propios municipios y no por los Estados, de lo contrario es inconstitucional pues se contrapone al artículo 115 fracción V de la Carta Magna.

• Establecer mecanismos que garanticen un turismo sustentable y analizar la viabilidad técnica jurídica, económica y social de la iniciativa de Ley.

• Considerar la responsabilidad del Sector Turismo frente a los efectos del cambio climático, a fin de que adopten las medidas necesarias para coadyuvar a su mitigación, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el establecimiento de medidas de adaptación del Sector a las consecuencias de este fenómeno.

• Replantear los objetivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), a fin de que se convierta en una verdadera agencia de fomento integral del turismo (en los términos de un turismo sustentable que refleje beneficios no sólo para los desarrolladores sino también a las respectivas regiones y poblaciones), y por lo tanto evitar que siga actuando como una agencia inmobiliaria que vende terrenos a bajo precio, construye y gestiona proyectos, sin permisos ambientales.

Por lo anterior lo exhortamos a revisar la iniciativa de Ley General de Turismo y hacer las modificaciones necesarias para evitar que sea una ley depredadora y que ponga en riesgo el patrimonio cultural, arqueológico, ambiental y por tanto social de nuestro país.

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