A puerta cerrada y sin consulta pública, la comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, presidida por Octavio Martínez del Partido de la Revolución Democrática pretende dictaminar una ley de turismo que, de ser aprobada, continuará con la depredación del medio ambiente, denunciaron las organizaciones ambientalistas Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Defenders of Wildlife y Greenpeace México.

La iniciativa de Ley General de Turismo está llena de fallas, siendo éstas las más graves:

• no considera la responsabilidad del sector frente a los efectos del cambio climático;
• no está orientada a lograr un turismo sustentable;
• plantea ordenamientos turísticos que priorizan el desarrollo de corto plazo sin un enfoque ambiental, y que se contraponen a diferentes leyes ambientales;
• permite que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) siga actuando como una agencia inmobiliaria subsidiada con recursos públicos;
• no fomenta la participación ciudadana, pero sí da voz a los empresarios para representar a la ciudadanía;
• no crea un sistema de información, monitoreo y evaluación del turismo y del impacto en la calidad de vida de los mexicanos;
• no fomenta la competitividad;
• no promueve la equidad y carece de medidas para combatir el turismo sexual y el comercio infantil;
• no vincula la actividad turística con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero sí con el Banco de México;
• no regula permisos, licencias y concesiones adecuadamente;
• permite que los prestadores de servicios falseen información en su publicidad y, por tanto, no garantiza el derecho de los turistas a una experiencia satisfactoria y segura.

A pesar de que el turismo es generador de una de cada 20 toneladas de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo sufre las consecuencias del cambio climático, el proyecto de ley carece de elementos que permitan a la industria mitigar sus impactos y adaptarse.

Hasta ahora, el turismo sólo ha promovido la explotación de recursos naturales y el daño a ecosistemas, por ello México ocupa el lugar número 122 en calidad ambiental, y el 126 en especies amenazadas, según el Índice Mundial de Competitividad Turística.

“La ley debe promover una política turística de largo plazo que fomente el turismo basado en la sustentabilidad ambiental. En cambio, esta ley pone a merced de los intereses económicos de corto plazo la supervivencia de los ecosistemas y las miles de especies silvestres que los conforman, en especial los ecosistemas costeros, como los manglares”, dijo Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.

“La ley federal de turismo vigente ya es obsoleta, pues lleva más de ocho años sin ser reformada; ésta es una oportunidad para regular a una industria que genera el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Los diputados no deben sacar esta ley mediante un albazo. Exigimos foros de consulta y que se tomen en cuenta nuestras propuestas”, agregó Gustavo Alanís, presidente del Cemda.

“Esta ley debería llamarse la Ley Fonatur, ya que la paraestatal quiere seguir actuando sin ninguna regulación. El mismo Miguel Gómez Mont ha reconocido que en Fonatur se tiene una larga historia de pérdidas financieras que mantiene una estructura ineficiente, malbaratando terrenos en un modelo de negocios que prioriza las grandes inversiones extranjeras y obstaculiza la diversificación de la oferta turística”, puntualizó Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de océanos y costas de Greenpeace México.

Las organizaciones exigieron foros de consulta con la sociedad civil y que las propuestas que ya han presentado en las cámaras de diputados y de senadores sean tomadas en cuenta.

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